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Los riesgos de la dependencia tecnológica en Europa

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Los riesgos de la dependencia tecnológica en Europa

Un grupo de expertos dice que una política de soberanía tecnológica debe «incluir las aplicaciones de software»

La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto la dependencia tecnológica que tiene la Unión Europea de terceros países en áreas como la inteligencia artificial, una falta de soberanía digital que conlleva riesgos ligados a la ciberseguridad o la privacidad, alertan investigadores europeos.

Así lo recoge el informe del Centro Común de Investigación de la UE «Inteligencia Artificial (IA) y transformación digital: lecciones tempranas de la crisis de la COVID-19», que advierte de estos peligros y llama a los Veintisiete a estudiar la cuestión.

El documento sostiene que hay dos aspectos relativos a la falta de «soberanía digital» que deberían ser analizados por la UE: el incremento del uso de la inteligencia artificial para perpetrar ciberataques y la «dependencia de las plataformas no europeas».

«La soberanía digital y de datos necesita incluir también este estrato tecnológico. Preocuparse por la titularidad extranjera de las estructuras físicas y no de las distintas capas de estas plataformas dejaría un gran agujero de seguridad», subraya el centro.

En este sentido, desde el grupo de expertos inciden en que una política de soberanía tecnológica debe «incluir las aplicaciones de software», sobre todo teniendo en cuenta que la «gran mayoría» de programas y soluciones empleados durante la pandemia «son americanas y chinas».

Por ello, resulta de «primordial importancia fortalecer» su presencia en este tipo de servicios, como pueden ser los de videoconferencia, que durante la crisis sanitaria han vivido una «gran aceleración» a causa del aumento de la demanda.

El informe también incide en la necesidad de un rápido posicionamiento en la inteligencia artificial, que si bien «todavía no es una tecnología revolucionaria para la ciberseguridad», las previsiones apuntan a que sí lo será en «apenas unos pocos años».

Otros de los sectores que desde Europa «deben vigilarse» para garantizar la citada soberanía respecto a proveedores extranjeros son «los dispositivos de redes rápidas, las plataformas de distribución de contenidos y las plataformas mediáticas de streaming», enumera el estudio.

La importancia de la autonomía digital se debe a que Internet ya funciona como una «infraestructura estratégica» para las naciones y, por ello, la actual gobernanza de la red, de «base regional, podría verse considerablemente afectada por las tecnologías innovadoras» que ya se desarrollan en otras partes del mundo.

El papel de las instituciones, asimismo, será «vital» a la hora de asegurar la privacidad de los ciudadanos en el ámbito digital, un asunto que en los últimos meses ha estado en el debate público a raíz de las aplicaciones de rastreo o del almacenamiento de los datos personales puestas en marcha para trazar los contagios por COVID-19.

«Es absolutamente crucial que los Gobiernos se mantengan responsables y transparentes con sus ciudadanos. La crisis no puede ser una excusa para dejar de respetar los derechos humanos o avanzar en el autoritarismo», afirma Lucia Vesnic-Alujevic, uno de los dieciocho investigadores que firman el informe.

Un alcance social «preocupante»

El alcance social de estas tendencias negativas «agravadas» por la COVID-19 resulta «preocupante» para los científicos responsables del informe, que sugieren una «estrategia proactiva» para que ningún escalafón social quede en riesgo de exclusión durante los próximos años.

«Una última dimensión amplificada por el coronavirus es la medida en que la inteligencia artificial y la transformación digital agravan las desigualdades sociales, económicas y geográficas existentes, afectando en particular a los más vulnerables de la sociedad: los ancianos, los jóvenes y las personas de grupos sociales o económicamente desfavorecidos», detalla el estudio.

Por ello, se reclama un apoyo a los «ecosistemas locales de datos» para unir en una misma estrategia a las administraciones públicas, pequeñas empresas, centros educativos y a la sociedad civil en su conjunto.

Abordar estos problemas de índole tecnológica con un prisma municipal y regional, concluye el estudio, ayudará a «proporcionar una mayor capacitación y oportunidades de empleo local».

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