«Tenemos que ir hablando para preparar el camino de estas monedas virtuales en lo que sea su estructura e implementación”, dijo el presidente de la Comisión cameral, el Jesús Santa.

La Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Hacienda, abrió este jueves la discusión formal en Puerto Rico sobre la promoción y los productos y servicios de Blockchain en la Isla.

La discusión se desarrolló en audiencias públicas donde varias agencias de gobierno expresaron sus reservas sobre la propuesta y adelantaron su preferencia de que el asunto lo regulen a nivel federal; y la Puerto Rico Blockchain Trade Association (PRBTA), que apoyó su desarrollo en el país. En contra de su promoción en Puerto Rico se expresó, por otro lado, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas.

El presidente de la Comisión cameral, el representante Jesús Santa Rodríguez, resumió el objetivo de esta gestión al señalar que “con esta vista queremos resaltar este tema y que sirva de conocimiento para todos. A su vez, viendo a futuro, más allá de lo que esté pasando actualmente, soy de la teoría que este sistema se va a establecer, por lo que tenemos que ir hablando para preparar el camino de estas monedas virtuales en lo que sea su estructura e implementación”.

Reconoció que “es un tema novel y complicado en su entender, pero por eso debemos hablar y darle paso para aclarar cualquier tipo de dudas’’.

En ponencia escrita, en la que pidieron se les excusara para no comparecer a las audiencias, el Departamento de Hacienda subrayó que Puerto Rico no cuenta con un marco legal que le permita hacer una determinación respecto al tipo de moneda que acepta. Esto dijeron, “requerirá un pronunciamiento del IRS, así como del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vaya dirigido a establecer el aspecto operacional de aceptar las monedas virtuales como mecanismo de pago”.

En el escrito, firmado por el subsecretario Angel L. Pantoja, se advierte que ademas del pronunciamiento federal, esto requerirá del establecimiento de procesos; así como de investigaciones sobre el funcionamiento, los aspectos relativos a las transacciones, la expectativa, el alcance de los mecanismos de pago y el manejo de los controles de seguridad, para disminuir o reducir potenciales actividades que resulten en riesgos de fraude.

Por su parte, y en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), el asesor de asuntos legislativos de la agencia, Jean Peña Payano expresó apoyo a la propuesta, pero con las reservas de que se implemente con ciertas regulaciones. “Oportunidades económicas relacionadas con tecnologías novedosas siempre conllevan incertidumbres que requieren una regulación adecuada a fin de proteger a los usuarios de dichas tecnologías, consumidores y ciudadanos de Puerto Rico’’, dijo.

Natalia Zequeira, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), señaló que dicha agencia está escasa de recursos para establecer las regulaciones necesarias para la implementación de la medida y confirmó que no ve probable la posibilidad de que entre en vigor al menos por los próximos tres años.

‘’La OCIF reconoce que el mundo se está moviendo al uso de los métodos electrónicos para llevar a cabo muchas de sus actividades gubernamentales y económicas. No nos oponemos al uso de la tecnología de Blockchain siempre y cuando esta actividad cuente con los elementos esenciales de confiabilidad, validez jurídica, protección al consumidor y preservación de la seguridad nacional, mediante la inclusión de herramientas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo’, entre otras actividades delictivas’, señaló.

Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, (ABPR), enfatizó por su parte que actualmente Puerto Rico no cuenta con los recursos necesarios para poder llevar a cabo de manera inmediata las exigencias que están contenidas en el proyecto que dio paso a esta discusión, el P de la C 1425.

‘’Todavía existe mucha incertidumbre en cuanto a la manera en que los reguladores finalmente establecerán los límites dentro de los cuales los bancos podrán llevar a cabo actividades en estas monedas. Todo esto junto a la escasez de recursos, falta de personal y poca educación con este tema nos trae muchas dudas junto a las exigencias presupuestarias que podría exigir su implementación’’, expresó Álvarez Rubio.

Aurelio Arroyo González, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, expresó su objeción al reconocer que “aunque el proyecto de Ley contiene buenas intenciones, el mismo combina lo que es la tecnología de “blockchain”, las criptomonedas y la innovación, bajo la capa de desarrollo económico. Debemos reevaluar esta premisa, agregó, dado que el proyecto según estructurado y las intenciones identificadas, debería estar enfocado hacia la transparencia y controles en transacciones financieras y seguros. Todos estos conceptos (“blockchain”, las criptomonedas y la innovación) son muy diferentes y tienen distintos niveles de complejidad”, sostuvo,

A favor de la medida compareció Keiko Yoshino, directora ejecutiva del PRBTA, que opinó que, desde la perspectiva de la organización que dirige, “Puerto Rico tiene una oportunidad única para ser el próximo Singapur o Silicon Valley, las jurisdicciones más importantes en cuanto al desarrollo de web3”.

Afirmó que las tecnologías Blockchain están siendo implementadas por ciudades y estados alrededor del mundo para brindar transparencia y responsabilidad a los gobiernos, y restaurar la confianza pública. “La legislación ante la Comisión no es nueva”, sostuvo.

El proyecto que originó este debate, el PC 1425, propone crear la “Ley para Promover la Innovación de Productos y Servicios de Blockchain de Puerto Rico”; a los fines de establecer la política pública y regulación de las nuevas tecnologías en el sector de servicios financieros”

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