Pese a que los trabajadores son el sector más afectado en términos económicos, no existen datos suficientes para especificar qué condiciones agravan la situación.

La clase trabajadora ha sido la más afectada por la pandemia del coronavirus COVID-19 alrededor del mundo, no solo por sus efectos a nivel de salud individual y salud pública, sino por sus efectos económicos.

Sin embargo, ¿quiénes componen esta clase trabajadora en Puerto Rico?

La escasez de datos específicos sobre estas personas ha provocado una invisibilización de los más perjudicados. Por un lado, el Departamento de Salud no ha publicado información demográfica sobre las fatalidades del COVID-19, como su género, raza, si contaban con condiciones preexistentes y en qué región residían.

Por otro lado, por los pasados tres meses se ha reiterado que el COVID-19 aumentó de manera dramática la cantidad de personas desempleadas, pero tampoco existen datos suficientes para afirmar, como se ha hecho en los Estados Unidos, que la pandemia ha sido más dura en las mujeres y los grupos predominantemente negros o hispanos.

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“No sabemos ahora mismo quiénes son los que están despidiendo y los que son abatidos de manera desproporcionada por esta crisis”, aseguró el economista José Caraballo Cueto.

El economista y profesor recordó que una de sus investigaciones, publicada en el 2016, registró disparidades en el área de la salud en términos de raza, pero luego de esa fecha la Isla fue impactada por dos huracanes —Irma y María—, así como terremotos en el sur y ahora el COVID-19, por lo que los datos no están atemperados a la realidad.

Desde el inicio del toque de queda y la cuarentena en Puerto Rico a mediados de marzo, hasta al menos el 23 de mayo, el Departamento de Trabajo de Puerto Rico (DTRH) recibió 275,478 solicitudes de desempleo, pero se desconocen los datos demográficos de estas personas.

“De las trescientas mil y pico de personas que solicitaron seguro desempleo, no sabemos su componente racial porque el Departamento del Trabajo no sabe su raza y cuando publican esos datos tampoco los segregan por género. Muchos de los datos están invisibles racialmente. Hay entidades que sí recopilan datos raciales, como Educación y la Universidad de Puerto Rico, pero cuando llegan, son categorías que usan en los Estados Unidos y no son adecuadas al contexto de Puerto Rico”, señaló Caraballo Cueto.

En la Isla, los cierres provocados por el COVID-19 han llevado a reducciones de jornada, cesantías “temporeras” o despidos finales y firmes en diversas áreas. El efecto se ha visto en hospitales, como los 2,000 cesanteados del Hospital HIMA- Caguas; en instituciones educativas, como la reducción de jornada y luego el despido de 278 empleados del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM); así como el estimado de otras 1,600 cesantías en los seis hoteles administrados por International Hospitality Enterprises, que conformaban 80 por ciento de la plantilla.

Esta empresa maneja los hoteles Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites, Condado Vanderbilt Hotel, Courtyard By Marriott Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan, Hotel El Convento y La Concha A Renaissance Resort.

“Yo dejé el pellejo allí, prácticamente. Tenía que cubrir mis tareas y otras que no me correspondían. Quieren recortar gastos a todo lo que da, sin considerar la necesidad de las tareas. En algunas áreas no dejaron personas para matricular, que es una función esencial, pero no se sentaron a pensar en eso”, declaró una persona que prefirió que su identidad permaneciera anónima, pero que laboró por más de una década en el SUAGM.

Pese a haber laborado de forma remota, con equipo personal y con horarios extendidos, recibió al igual que otras 277 personas una carta de despido el 1 de junio en horas de la mañana, cuando ya había empezado su jornada.

En la comunicación escrita, la institución se aferró a los impactos económicos y sociales generados “por la reestructuración de la deuda del Gobierno y, posterior a ello, los desastres provocados por los huracanes Irma y María, los recientes terremotos en el área sur de la Isla, y ahora la emergencia global de salud relacionada con la pandemia del COVID-19”.

No obstante, la institución recibió una partida de $52 millones de la ley de estímulo económico federal, conocida como Ley CARES, ideada para compensar por las pérdidas asociadas con la pandemia.

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“Es la tendencia de muchas universidades en los Estados Unidos cuando toman fondos federales nuevos. Como no se le pone una tranquilla necesariamente de que tienen que mantener un cierto número de empleados, como se hizo con los préstamos del Small Business Administration (SBA), se basan en la demanda estudiantil que van a tener”, explicó Caraballo Cueto, al mencionar los ejemplos de las universidades John Hopkins y City University of New York (CUNY).

Las minorías sienten el golpe

En Estados Unidos, los datos publicados demuestran que quienes más han sido afectados por el COVID-19 son las mujeres, los inmigrantes, las mujeres hispanas, los jóvenes adultos entre los 16 y 24 años y aquellas personas sin educación universitaria.

Los números que han surgido a raíz de la pandemia no han sido tan altos, según expertos, desde la “Gran Depresión”, cuyo pico de desempleo se registró en el 1933.

De acuerdo al Pew Research Center, una de las razones por las que el empleo de las mujeres hispanas ha sido de lo más perjudicado en esta pandemia se debe a que este grupo generalmente ocupa empleos en el sector de hospitalidad y ocio, como lo son los hoteles que han permanecido cerrados por tres meses.

“El sector de ocio y hotelería eliminó el 39 por ciento de su fuerza laboral de febrero a mayo, mucho más que cualquier otro sector”, detalló el centro investigativo.

La situación se complica en el caso de las mujeres solteras, a quienes se le añade la carga de mantener el hogar, hacer las diligencias necesarias y educar a sus hijos en la casa, tal como reseñó Vox, que aludió al hecho de que esta nueva recesión es más dura en las mujeres.

Números conservadores, trazados por expertos en Puerto Rico, aseguran que la pandemia podría ser responsable de borrar de la oferta actual un total de 100,000 empleos, porque podrían ser sustituidos con la tecnología.