La Autoridad de Energía Electrica (AEE) infló sus cifras de ingresos netos para dar la impresión de cumplimiento con los acuerdos establecidos con sus acreedores -ratificados en 1974- que disponen que la corporación pública debe tener ingresos netos mayores al 120% del pago de su deuda e intereses como requisito para emitir bonos. De este modo, logró la deficiente emisión de $673,145,000 en el 2013.

Así se desprende del informe en el cual la AEE incluyó ingresos que supuso recibir por parte de los municipios para fingir cumplimiento. A esto se suma una proyección falsa de aumento en ventas de hasta 1.8% para el 2018 debido a ‘condiciones económicas mejoradas en Puerto Rico y la estabilización de precios de combustible’. El informe detalla que los ingenieros consultores de la Autoridad no explicaron por qué esperaban esta mejoría ni tomaron en consideración la merma poblacional que directamente influye sobre las ventas de la corporación pública.

Estos y otros detalles fueron divulgados hoy, lunes, en una mesa redonda de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, que trabaja con apenas un cuarto del presupuesto recomendado por la ley de moratoria. La emisión de 2013 fue analizado por Katja Litz y Ricardo Puga y Vidals, estudiantes de maestría de la Escuela de Gobernanza Hertie en Alemania.

Litz sostuvo que desde el 2013 la crisis financiera de la AEE y el gobierno local eran evidentes como también la emigración, por lo que cuestionó la contradicción ilustrada en las proyecciones. ‘Lamentablemente falta una justificación de por qué la AEE estuvo tan optimista y pensaba que subirían las ventas, pero solamente queremos demostrar ese hecho como una de las cosas que encontramos y no podemos auscultar’, explicó Litz.

La referida emisión buscaba financiar el Plan de Mejoras Capitales que se estimó a un costo de $1.6 mil millones. Debido a la precaria situación de liquidez que enfrentaban en ese entonces, unos $500 mil millones de esa emisión fueron destinados al plan mientras unos $109,647,136.72 fueron dirigidos al pago de intereses de esa emisión. Litz también señaló que la AEE no indicó cómo financiarían el plan.

Otro controvertible asunto que discute el informe es la falta de una rotación en los auditores de la AEE. Desde el 1947 la empresa URS Corporation se ha desempeñado en estas labores y fueron los encargados de certificar las proyecciones de ventas y cumplimiento con los acuerdos establecidos con los acreedores para emitir bonos.

La rotación de auditores cada cinco años es estándar en empresas energéticas con sede en Estados Unidos y figura como una obligación según la ley Sabarnes-Oxley del 2002 para salvaguardar los intereses del público y garantizar auditorías independientes. El informe hace hincapié que en la AEE no está legalmente obligada a cumplir con esta disposición.

Sin embargo, el informe destaca que URS tuvo un rol en la venta de los bonos de la emisión del 2013, lo que según Puga y Vidals representa ‘un grave conflicto de interés’ así como una violación a la ley Sabarnes –Oxley que ordena a auditores a no asumir acciones fuera del alcance de su práctica.

Según el director del Instituto de Estadísticas e integrante de la Comisión, Mario Marazzi, ese cuerpo logró la colaboración del Banco Gubernamental de Fomento para requerir aquella información necesaria para realizar la pre-auditoría, aunque destacó que se basa completamente en documentos públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Roberto Pagán, admitió que en aunque en este caso ese cuerpo no incurrió en un esfuerzo mayor para exigir información confidencial, no será el caso cuando encaminen la auditoría forense.

‘Hemos estado consciente en la comisión que no tendrá sentido hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir la información hasta cuando no tengamos todo el equipo que va a estar estudiando la cantidad voluminosa de información que necesita la comisión’, manifestó Pagán a la vez que insistió que este informe se trata de un ejercicio de pre-auditoría.

Economistas insisten en auditar la deuda pública

Entretanto, el pasado lunes la Asociación de Economistas de Puerto Rico, hizo un llamado al gobierno local a ejecutar la auditoría a la deuda pública a la vez que aprobó una moción para ello, y otra para rechazar la imposición de la Junta de Control Fiscal que entró en funcionamiento el pasado viernes.

‘El gobierno de Puerto Rico tiene en sus manos la obligación de auditar la deuda previamente a llevar un proceso de reestructuración de la misma. Debemos ser un agente fiscalizador dentro de todo este proceso, de esto depende el futuro de nuestro país’, aseguró en un comunicado, la presidenta de la Asociación, Mónica González.

Por su parte el presidente entrante, José Caraballo Cueto insistió que la Asociación debe aspirar a tener un rol central en la discusión económica de la Isla. En los próximos meses la entidad llevará a cabo múltiples talleres y conferencias que estarán disponibles para su matrícula y el público en general. Una de estas será una conferencia titulada ‘PROMESAS Rotas’ que dictará Francisco Catalá, cuyos detalles se anunciarán próximamente.