El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, hizo un llamado el domingo a los miembros del Grupo de Trabajo Congresional para el Desarrollo Económico de Puerto Rico a que desistan de la posibilidad de traer a la isla nuevamente la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

‘Si revisamos la data disponible, incluyendo información oficial de la Oficina de Contraloría General (GAO por sus siglas en inglés), empresas que se acogieron a los beneficios de la Sección 936 no crean empleos, no mejoran salarios y tampoco promueven desarrollo económico sostenido. No necesitamos regresar al pasado para delinear nuestro futuro económico, menos con un modelo que ya ha probado que no funciona. Necesitamos plataformas de crecimiento económico que promuevan la creación de empleos’, señaló Aponte Hernández en una columna publicada el viernes en la revista de política estadounidense ‘The Hill’.

Enfatizó también que esas empresas tampoco proveyeron a sus trabajadores una justa compensación salarial en comparación con los estados. Dicha remuneración era mucho menor a las ganancias que estas generaban a través de los incentivos contributivos que recibían.

El expresidente cameral explicó que, conocido como el Crédito Tributario por Posesión, la Sección 936 es una disposición dentro del Código de Rentas Internas federal que fue establecida en 1976 con el objetivo de fomentar la inversión de capital en Puerto Rico, así como en otros territorios de los Estados Unidos. En 1996, el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, utilizando el argumento de que su costo excesivo al erario, el pequeño número de empresas que se habían acogido a la misma y, sobre todo, la falta de beneficios para los puertorriqueños en términos de la creación de empleo y justicia salarial, no justificaba su permanencia.

Según dijo, la Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos, debido principalmente a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente deberían haber hecho.

‘En el 1991 solamente, las compañías 936 acumularon 2,800 millones de dólares en créditos contributivos, sin que los ciudadanos americanos que residían en Puerto Rico recibieran una proporción similar en beneficios, tal y como se supone que sucediera. Los números no mienten, la verdad es que para el 1991 el ingreso per cápita de los puertorriqueños era de 6,000 dólares al año, casi 30 por ciento menos que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado de la unión. Mientas las compañías se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría’, sentenció el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según explicó Aponte Hernández, un informe del GAO suscrito en 1993 enfatizó la disparidad crasa entre beneficios contributivos y la justicia salarial que se supone crearían estas compañías. De acuerdo a la data disponible, las empresas 936 generaban alrededor de unos 69,800 dólares por empleado en créditos contributivos federales. Al mismo tiempo, el salario promedio de estos trabajadores apenas llegaba a los 22,800 dólares, la discrepancia salarial más grande en toda la nación.

‘Vamos más al punto, las compañías 936 crearon 45 por ciento menos empleos en Puerto Rico que en cualquier otra jurisdicción con una plataforma similar de incentivos contributivos. Simplemente, las empresas 936 no crean empleos o proveen buenas compensaciones salariales. Esa es la verdad. A pesar de esta realidad, un pequeño grupo de congresistas, apoyados por cabilderos corporativos, están evaluando proponer algún tipo de crédito contributivo federal en la misma línea de la Sección 936. La data confirma que no funcionó antes, no funcionara ahora’, concluyó el legislador.