El senador del Distrito de San Juan, Ramón Luis Nieves, anunció el lunes que ya se convirtió en la Ley 233-2015 su proyecto para autorizar en Puerto Rico las ‘Corporaciones B’, como se conoce a las ‘Corporaciones de Beneficio Público’, así como las ‘compañías de responsabilidad limitada con fin social’ (Low-profit Limited Liability Companies), conocidas como compañías ‘L3C’ en la jerga corporativa.

‘Nuestra realidad actual requiere que las empresas con fines de lucro asuman también un compromiso social y con las comunidades. Las figuras de la Corporación B y las compañías L3C autorizadas por la nueva ley son atractivas para la generación de empresarios que está surgiendo en Puerto Rico, empresarios que desean aportar a la recuperación social y económica de sus comunidades y del país. Son precisamente ellos los que ayudarán a salvar a Puerto Rico, para quienes su prosperidad individual no está reñida con la prosperidad colectiva de su comunidad, sociedad y de su país’, precisó el senador Nieves en comunicado de prensa.

Explicó que la Corporación B es una alternativa innovadora para empresas con fines de lucro que, a su vez, tienen el interés de aportar positivamente a la sociedad en general, a una causa en particular o a un interés social que beneficie a la gente o al medioambiente. Con esta ley, Puerto Rico se une a la ruta de compromiso social que desde 2010, han transitado 30 estados de Estados Unidos y la Capital Federal, incluyendo al estado de Delaware, lugar clave del derecho corporativo a nivel mundial.

La nueva ley permite además, la organización de ‘compañías de responsabilidad limitada con fin social’ (Low-Profit Limited Liability Companies), conocidas como compañías ‘L3C’, empresas con fines de lucro que se organizan para adelantar un propósito de beneficio a la sociedad. Esta forma de organización empresarial es atractiva para las entidades del tercer sector, que promueven el desarrollo económico comunitario. Las L3C cuentan con la posibilidad de atraer capital de fundaciones e inversionistas privados, cuyas aportaciones podrían resultarle en ventajas contributivas ante el gobierno de los Estados Unidos. Puerto Rico se convierte así en la undécima jurisdicción de Estados Unidos que autoriza por ley esta figura de organización empresarial.

Las corporaciones B y las empresas L3C se organizan en el Departamento de Estado de Puerto Rico. La ley tendrá vigencia desde el 21 de marzo de 2016, 90 días luego de su aprobación.