La crisis fiscal de Puerto Rico se agrava cada vez, pero según analistas de Bloomberg, el Congreso probablemente no sienta tanta presión como para tomar acción al respecto al menos hasta septiembre, o en el peor de los casos, hasta temprano en el 2016.

Los eventos que ejercerían presión sobre el Congreso serían el impago de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tomando en cuenta que la extensión de indulgencia vence en septiembre; el impago del principal de la deuda e intereses entre diciembre y enero; o el interés en convencer a votantes hispanos durante la campaña republicana por la presidencia, que debe recrudecer a partir de febrero 2016.

Para diciembre, el pago del principal de la deuda alcanza $363 millones junto a $104 millones en intereses. Para enero 2016, los intereses ascienden a $957 millones y un millón al principal. Tan pronto como septiembre, el flujo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pudiera tocar fondo.

(Fuente: Análisis de Bloomberg)

Al mismo tiempo, la evaluadora de crédito Moody’s dejó en perspectiva negativa a la Corporación para el Financiamiento Público (CFP) por el impago de $58 millones ocurrido el 1 de agosto ya que ‘confirma la falta de liquidez y la disposición de la isla para imponer pérdidas en los acreedores sin consultarlos, lo que otorga una certeza virtual de nuevos impagos’ y cuestionó si ocurriría algo parecido durante las negociaciones de reestructuración de la AEE.

Mientras, el Grupo de Recuperación Económica designado por el gobernador Alejandro García Padilla deberá presentar un borrador del plan fiscal a cinco años a finales de septiembre, y la propuesta final al 30 de octubre.

Entre las soluciones planteadas a la situación económica del territorio no incorporado de Estados Unidos, el Congreso pondera que las corporaciones y agencias de la Isla puedan acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal o asignar una junta de control financiero para forzar cambios estructurales. Para los analistas de Bloomberg, hay más inclinación a una combinación entre ambas, incluyendo la derogación de la Ley Jones o la reducción del salario mínimo federal. Un rescate financiero sigue siendo improbable.

Aunque las propuestas llevan rato sobre la mesa, tanto políticos como analistas apuntan a que el Congreso prefiere no actuar sobre la crisis fiscal de Puerto Rico porque el impago de sus deudas no representa un verdadero riesgo al sistema financiero. De ser así, queda en manos de los bonistas y el gobierno del Estado Libre Asociado negociar sus acuerdos o resolver las controversias ante los tribunales.

Análisis Bloomberg – NotiCel _14314