El vicepresidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Cesar Hernández Alfonzo, presentó dos proyectos para beneficiar a los consumidores que tienen deudas hipotecarias morosas y para orientar sobre las empresas de cobro que se dedican a comprar deudas.

Según el Representante, los proyectos de la Cámara 2150 y 2156, ayudan a que, ‘cada ciudadano esté claro de las transacciones que se estén dando con sus cuentas hipotecarias al igual que en otro tipo de deudas que hayan adquirido’.

El proyecto 2150 propone crear la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, que busca ‘asegurar que los ciudadanos que tengan préstamos hipotecarios que estén en mora, cuenten con la alternativa de un plan conocido como ‘loss mitigation’ (mitigación de daños) antes de que su acreedor inicie un proceso legal en tribunales en su contra’, detalló Hernández Alfonzo.

‘En muchas ocasiones y a pesar de que el deudor hipotecario se encuentra en el proceso de ser cualificado para un plan de ‘loss mitigation’, las oficinas legales de las entidades financieras o bancarias inician o ya han iniciado un proceso legal de demanda en cobro de dinero y ejecución hipotecaria. A esta práctica se le conoce como ‘dual tracking», detalló el Representante.

Mientras, el proyecto 2156 crearía la Ley de Orientación sobre el Retracto de Crédito Litigioso, para que se informe a los deudores sobre el artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, que permite el retracto litigioso.

‘Esta ley obligará a que se oriente a los consumidores por las empresas de cobro que se dedican a comprar deudas a fin de que el consumidor esté consciente de que tiene la oportunidad de saldar su deuda, recurriendo al retracto litigioso, por la cantidad de dinero por la cual la empresa de cobro adquirió la misma’, explicó el Legislador.

‘Ambas medidas son en beneficio de los consumidores y sirven de salvaguarda para que se lleven procesos transparentes en los cuales el ciudadano de a pie no esté realizando transacciones sin conocimiento de las leyes que lo protegen, benefician o ayudan a un mejor proceso con sus acreedores. A la vez los acreedores le aseguran al Estado que están trabajando con consumidores orientados y que se informa de todas las opciones disponibles ante sus casos particulares’, concluyó Hernández Alfonzo.