El presidente de Casiano Communications (CCI), Manuel Casiano Asencio, adjudicó el martes la caída de la compañía líder en el mercado de revistas en Puerto Rico, al mal manejo de finanzas que hubo bajo la dirección de Alberto Velázquez Piñol, exdirector del grupo especial (task force) del Departamento de Educación bajo la administración Fortuño.

En una breve entrevista con NotiCel, el fundador de la empresa que produce 11 publicaciones y emplea a cerca de 300 personas, reiteró que la reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra era lo único que se podía hacer para continuar operando. Afirmó que no se trata de un cierre, sino de un mecanismo al que tuvieron que recurrir ante la falta de paciencia de los prestamistas y accionistas, que aunque ‘sabían de qué se trataba’, continuaban presionando para obtener su dinero.

Indicó que adicional a la disminución drástica en publicidad, la compañía ha tenido problemas por los últimos cinco años, tras la renuncia de Velázquez Piñol. ‘Tenía un ejecutivo conmigo por diez años que era el vicepresidente y jefe de finanzas. En un momento desapareció y lo dejó con cerca de diez millones de deuda’, se limitó a contestar.

Velázquez Piñol fue demandado por Casiano Communications por alegado fraude ocupacional ante lo cual se solicitaba una compensación por daños ascendente a $7 millones. El caso concluyó con estipulaciones confidenciales entre las partes.

Pese a la deuda de $8.5 millones, Casiano se expresó confiado en la reestructuración, que permitirá una ampliación digital de las ocho revistas en idioma español a los mercados latinos en Estados Unidos.Caribbean Business es la única de sus publicaciones con presencia en Estados Unidos.

‘Tenemos ya potenciales inversionistas, que en unas semanas tendremos bastante capital nuevo’, adelantó.

Los mayores acreedores de la empresa son el Departamento de Hacienda con $2.3 millones en deudas, y Publishers Press Incorporated, con una deuda de $1.9 millones. La compañía debe, además, $181,102 en salarios y vacaciones a sus empleados, pese a que en 2009 hizo recortes de personal.

También aparecen en la lista de deudas el Municipio de San Juan, el Departamento de Trabajo y el International Revenue Services, así como los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, a quienes se les adeuda $13,000 y $3,000, respectivamente en comisiones por colaborar como columnistas.

La reestructuración también toca a la subsidiaria Direct ResponSource, que según publicó CCI en Caribbean Business, pretende sacar provecho de los incentivos bajo la Ley 20 para exportar servicios desde Puerto Rico a Estados Unidos. Direct ResponSource tiene una deuda acumulada de $9.1 millones.

Casiano indicó que Direct ResponSource se afectó por la práctica de alrededor de 25 a 30 compañías grandes, ‘que ganan un dineral aquí y tienen su servicio de telemercadeo afuera de Puerto Rico, dirigido a los puertorriqueños’, una práctica que sucede en el resto de Estados Unidos y que ha contribuidoa la pérdida de al menos medio millón de empleos.