Mientras el Tribunal Superior se prepara a emitir una decisión en torno a la validez de un acuerdo entre el Departamento de Hacienda y Doral Bank para devolverle $230 millones, en el Tribunal Federal sigue pendiente desde el 2013 una demanda de un exejecutivo del banco que alega fue despedido en represalia por denunciar que se le pidió alterara informes financieros.

La demanda fue sometida antes de la controversia por el acuerdo contributivo e incluye alegaciones sobre las intenciones cuestionables de la alta garencia de la institución con dicho acuerdo contributivo.

En un escrito al Tribunal Federal, a principios de 2014 Doral negó las alegaciones hechas por elexvicepresidente senior y principal oficial de contabilidad, Ronald Stewart, contratado por el banco en el 2011. Además, sostuvo que despidió a Stewart por justa causa ya que se negaba a cumplir las funciones para las que fue contratado. La institución también negó violaciones a la Ley Sabarnes-Oxley, cuyo fin es monitorear a las empresas que cotizan en la bolsa de valores para que no alteren las acciones de manera dudosa y así evitar fraudes.

En la demanda, Stewart alegó que el 16 de febrero del 2012 envió una carta al Presidente del Comité de Auditoría de Doral para expresarle sus preocupaciones con respecto a ‘las deficiencias en el programa de los controles internos del Banco, como es requerido por la ley Sarbanes-Oxley’.

En la misiva al Comité de Auditoría, Stewart dijo que le preocupaba que Doral dejase de informar con precisión la información financiera en los trimestres subsiquientes a los reguladores federales debido a unos comentarioshechos por Glen Wakeman, el presidente ejecutivo de Doral.

Stewart alegó que Wakeman instruyó a que se tergiversaran los informes de la compañía al decir: ‘Quiero que nuestro nivel de apalancamiento (leverage ratio) aparezca por encima del 9%, incluso si eso significa poner los activos de reserva en períodos posteriores.’

El exejecutivo sostuvo que mientras Wakeman y él discutían una posible transacción con el Departamento de Hacienda, Wakeman afirmó que: ‘No me importan los reguladores. Haré lo que sea necesario para hacer que este acuerdo funcione y si eso significa ir en contra de los reguladores, ese es un riesgo que tomaré… Los reguladores no me dirán lo que puedo o no puedo hacer cuando estoy tratando de aumentar el capital del banco por $200 millones’.

Stewart afirmó además que Wakeman constantemente socavaba la credibilidad de Robert Wahlman, un principal oficial financiero, lo que le alimentaba la creencia de que existía una debilidad material en el control interno del banco.Según Stewart, Wahlman le comentó que Wakeman había hecho cosas que lo hicieron sentir incómodo.

También sostuvo que estaba preocupado por una estrategia de iniciativa empresarial conocida como ‘Role Clarity’ (la claridad de roles), cuyo objetivo era reducir costos y personal, porque no se tomaba en consideración mantener los controles internos a la hora de hacer decisiones sobre el personal.

Stewart entendía que las declaraciones consideradas en conjunto con las afirmaciones de Wahlman y la aplicación sospechosa de ‘Role Clarirty’ eran indicativos de los riesgos que enfrentaba como Oficial Principal de Contabilidad de no cumplir con la ley Sarbanes-Oxley.

El 15 de marzo de 2012, a menos de un mes después de enviar su carta al Presidente del Comité de Auditoría, Stewart fue despedido de su empleo.

Por su parte, el24 de julio de 2013, Doral presentó dos mociones para desestimar la demanda que argumentaban que Stewart no hizo una actividad protegida bajo la ley Sarbanes-Oxley, ya que carecía de una creencia subjetiva y objetivamente razonable de que la conducta que denunció constituía una violación.

Doral afirmó además que el contrato de empleo de Stewart establecía que las alegaciones de incumplimiento debían de llevarse a un proceso de arbitraje.

Luego de varios alegatos y mociones subsiguientes, el Tribunal Federal optó por no desestimar la demanda de Stewarten febrero al destacar que como principal oficial de contabilidad tenía una creencia razonable de que podría ocurrir una violación a la ley Sarbanes-Oxley y de que podría ser implicado en dicha violación por su puesto en el banco.

Además, el Tribunal alegó, por voz del juez Daniel Domínguez, que el bancotenía que saber queStewartestaba protegido por la LeySarbanes-Oxley, que defiende a los informantes, trasrecibir la carta del exejecutivoenviada al Comité de Auditoría.

Al presente, el Tribunal Superior en una acción separada, tiene que emitir una decisión en torno a si el acuerdo firmado por el Departamento de Hacienda y Doral en el 2012 en el cual la agencia se comprometió en pagarle al banco un reintegro de $230 millones, es válido.

Hacienda anuló el contrato al alegar que Doral nunca hizo unos sobrepagos de impuestos que lo hicieran merecedor del reintegro.

El 26 de septiembre de 2006, Hacienda y Doral suscribieron un acuerdo final para evitar que el banco enmendara sus planillas de 1998-2005 y reclamara el sobre pago que hizo durante esos años. Eso le permitía a la agencia no tener que devolver el dinero o unos $890 millones de forma inmediata.

El contrato se enmendó en el 2012 con un nuevo contrato en donde la agencia reconocióque Doral hizo unos sobrepagos de impuestos y en donde se acordó bajar la cantidad a $229.8 millones. El banco también acordó ampliar programas sociales de compra de hogares y desarrollo comercial como parte del acuerdo.

En diciembre del 2013, Hacienda suscribió un acuerdo con Doral en el que le otorgó a la institución bancaria un crédito total de $56 millones por un sobrepago de impuestos. Ese acuerdo tuvo controversia recientemente tras involucrar alexcomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD),Eder Ortíz.

La FDIC hace varios meses advirtióal banco que no podía incluir unos $289 millones en cuentas por cobrar como parte de su capital básico y por lo tanto estaba en incumplimiento.

Orden denegando solicitud de sentencia sumaria de Doral – NotiCel_8811

Respuesta de Doral a la demanda – NotiCel_8812

Demanda de Ronald Stewart contra Doral – NotiCel_8813