El portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal Jose Torres, presentó el martes un paquete de medidas para fijarle controles fiscales a las corporaciones públicas que brindarán ahorros estimados en $55 millones anuales y ayudaría a atajar la crisis fiscal del gobierno.

Torres dijo que los ahorros que se generen irán a pagar las deudas de las corporaciones, las que son más de la mitad de la deuda del Estado Libre Asociado de $70 mil millones.

El portavoz dijo que las corporaciones no pueden seguir actuando como entes separados del gobierno sin controles. ‘Las corporaciones no pueden verse como fincas privadas en las que cada una sigue gastando y derrochando el dinero público como si no fueran parte de un mismo gobierno’, declaró Torres.

Las medidas establecen controles sobre el bono de Navidad, prohiben que se paguen ajustes salariales de forma retroactiva, establecen un proceso uniforme para reinstalar a los empleados de confianza a sus puestos de carrera dentro del gobierno y autorizan una investigación sobre el uso de horas extras en las corporaciones públicas.

La primera medida, el Proyecto del Senado 959, pretende uniformar la cantidad que se paga de bono de navidad e igualarlo al que reciben los empleados del gobierno central, que no sobrepasa $1,000.

A modo de ejemplo, Torres destacó que un empleado de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados recibe como bono de Navidad 8.75% de su sueldo hasta $30,000 y del exceso de esa cantidad la AAA paga el 4% hasta un máximo de $38,000. Esto quiere decir que un empleado de la AAA que gane $40,000 anual tendría derecho a un bono de Navidad de $2,945.

En la Autoridad de Puertos, un empleado que gana $40,000 recibiría $2,583 o el 9.75% del salario. El bono tiene un tope de $26,500.

Torres dijo que la medida del bono de Navidad le ahorraría al erario unos $32 millones solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica y en el Fondo del Seguro del Estado, corporaciones públicas en donde se pagan bonos de Navidad excesivos.

Otras de las medidas sometidas por Torres es el Proyecto del Senado 961 que elimina los pagos retroactivos cuando se otorga un aumento de salario al personal de confianza de las corporaciones.

La medida intenta prohibir casos como el de un empleado de confianza de una corporación pública que recibió un aumento de sueldo a $100,000 y se le autorizó un cheque de $30,000 correspondiente al retroactivo del aumento de todo un año.

De otra parte, Torres radicó el Proyecto del Ssenado 960, el cual limita a 10% el aumento de salario a un empleado de confianza que regresa a su puesto de carrera. Para cualificar para el ajuste, el empleado debe haber ocupado la plaza de confianza por dos años.

El portavoz dijo que es injusto que un empleado en un puesto de confianza regrese a su puesto de carrera con el mismo salario que devengó en su puesto de confianza.

De otra parte, Torres radicó una medida que ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos investigar el uso de horas extras en las corporaciones para identificar las causas que provocan un injustificado gasto público. ‘Con esta medida buscamos a ver cómo reducirlo’, dijo.

Torres dijo que está consciente de que las medidas no serán del agrado de las uniones pero aseguró que las mismas no podrían ser declaradas inválidas por un tribunal por ir en menoscabo de las obligaciones contractuales porque cumplen con condiciones establecidas por los mismos jueces.

‘Primero hay que establecer (legalmente) que existe una crisis fiscal en la isla y que el estado tiene un interés de lidiar con la misma. Las medidas también tienen que ser justas y aplicarle a todos los empleados, incluyendo personal de confianza’, destacó Torres.