La Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA) tuvo sus reservas con la aprobación de un proyecto que busca ofrecer vales para la compra de vivienda debido a la presunta complejidad de la estructura que se quiere establecer y la falta de información de los requisitos y procedimientos.

Así quedó constatado en una vista pública efectuada la mañana del miércoles por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes.

El P. de la C. 1494, crea el Programa de Vivienda para Todos, que otorgaría vales de gastos de cierre para la compra de vivienda. El Programa sería manejado por una Junta Rectora del Fondo Recurrente de Incentivos Privados, que estará adscrita a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

Este Programa sería financiado por donativos de la propia industria hipotecaria y las ganancias que redunden de la venta de préstamos hipotecarios.

Estos donantes obtendrían un crédito contributivo de un 100%.

Para cualificar el solicitante no puede tener un ingreso anual superior a $60 mil, ni la casa a comprar puede exceder los $200 mil. Esta vivienda deberá ser la principal y única propiedad del beneficiario.

No obstante, para el presidente de MBA, Agustín Rojo, aunque se propone que el Programa será financiado por donativos, ‘no se establece de qué fuente se nutrirá inicialmente el fondo para la primera emisión de vales; así como tampoco la legislación propuesta cuenta con obligatoriedad para allegar fondos para este propósito’.

A juicio de Rojo, sería necesario que se dispongan entre $6 a $8 millones al Programa en lo que se generan los ingresos.

De otro lado, manifestó preocupación de que los préstamos ‘non-conforming’ (usados para los que adquieren propiedad en condominios) no cualifiquen para el Programa.

En esa línea, el representante Carlos Vargas, presidente de la Comisión, aclaró que no había la intención de excluir este tipo de préstamos para el beneficio de los vales.

De otro lado, Rojo tuvo sus reparos con la creación de la Junta para administrar el Programa.

‘Nos preocupa que de los mismos fondos donados por el sector privado, se crea una entidad con personal y administración regida por una Junta Permanente ‘Personalísima’, quienes tendrán poderes para determinar precios, hacer paquetes de ofertas, comprar y vender obligaciones de pago hipotecario, reconocer créditos contributivos y aprobar a quién le otorgan o no vales para gastos de cierre hipotecario’, puntualizó Rojo.

La Junta es un ente que entre sus miembros estarán el Secretario del Departamento de Vivienda, el Presidente de MBA, y el Presidente de la Mortgage Loan Office Association of Puerto Rico, Inc.

En otros aspectos, Rojo expresó preocupación de que la realidad fiscal del Gobierno choque de frente con la intención de la Junta de establecer cuántos ingresos se destinan para gastos de recursos humanos, equipo y materiales para la operación del Programa.

Asimismo, tuvo sus cuestionamientos sobre el hecho de que la Junta establezca diariamente el precio de compra para los préstamos ya que hace más complejo el andamiaje del Programa.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, José Alberto Feliciano, expresó dudas de que con el Programa se logre promover la venta de viviendas debido a la complejidad de la estructura y el sistema de operación propuesto.

Para la Asociación, el Gobierno debiera fortalecer el Programa Mi Casa Propia para promover el que los ciudadanos puedan adquirir su casa. Dicho Programa provee ayudas para el pago del pronto y gastos de cierre.

‘Por otro lado, aunque entendemos que debe existir un tope de ingresos o de precios para determinar elegibilidad a un programa como el aquí propuesto, creemos que debe existir un margen de discreción de quien administre el programa para autorizar excepciones, de hasta un 10% o un 15%, a aquellas familias o individuos, que acrediten la necesidad económica de la aportación, y que están cerca de la frontera o el límite de elegibilidad’, agregaron.

También Feliciano se manifestó en contra de que la Asociación no forme parte de la Junta que administrará el Programa.

En otro sentido, plantearon que ‘resulta incierto y un tanto especulativo determinar cuántas instituciones o empresas privadas tendrán la disposición de donar activos líquidos al Fondo creado en esta legislación o participar del mismo’.

De igual forma, indicó que el sector de la banca privada se encuentra escéptica con la otorgación de los créditos contributivos que propone el Gobierno, pues en el pasado este tipo de iniciativas se ha postergado, limitado o paralizado su redención.