La Asociación de Industriales cabildeará en contra del plan de recortes de incentivos contributivos industriales del presidente Barack Obama argumentando que los incentivos que ofrece el gobierno de Puerto Rico a las empresas estadounidenses que se establecen aquí promueven 80,000 empleos en los Estados Unidos continental a la vez que ayudan a mantener la competitividad de la isla.

En la Isla, estos impuestos se reflejan en el tributo a las foráneas que genera unos $2 mil millones al fisco y, que recientemente, en la revista Tax Analysts, así como en la revista Forbes, fue catalogado como un ‘federal bailout’ a Puerto Rico que le cuesta al fisco federal.

Las revistas cuestionaron la constitucionalidad del impuesto al notar que bajo la Cláusula de Comercio seprohibe la imposición de contribuciones a negocios que operen fuera de su jurisdicción. Luego de tres años, el Departamento del Tesoro federal no ha emitido una opinión en torno a la legalidad del impuesto, pero ha permitido que las empresas tomen créditos en los Estados Unidos por el impuesto que pagan en Puerto Rico al considerarse la isla como una jurisdicción foránea para propósitos contributivos.

El presidente del comité de contribuciones de la asociación, Carlos Bonilla Bonilla, rechazó que el impuesto le cueste al fisco estadounidense $2 mil millones al recordar que entre las industrias que pagan el 4% hay compañías europeas y puertorriqueñas que no reciben créditos luego de pagar el impuesto.

De paso, observó que el presupuesto de Estados Unidos es de ‘trillones de dólares’ y que duda mucho que $2 mil millones anuales hagan una mella a dicha nación.

Hasta ahora, de acuerdo a fuentes legislativas, el gobierno no tiene planificado extender el impuesto luego del 2017.

No obstante, el economista Alejandro Silva dijo que favorece que las compañías continúen pagando el 4% al destacar que las empresas en Puerto Rico reciben generosos incentivos por parte del gobierno para operar en la isla.

‘Reciben exenciones municipales, créditos e incentivos para el 90% de sus operaciones y lo que pagan es un 4%’, ripostó.

También favoreció la postura de Obama que llevaría a la limitación de incentivos ofrecidos en Puerto Rico. Destacó que las decisiones de compañías de establecerse en Puerto Rico están mucho más influenciadas por la labor que hacen cabilderos que por los incentivos.

‘Yo no me opongo a los incentivos pero creo que deben ser otorgados de manera responsable y atados al desarrollo económico local. Los incentivos que se dan aquí muchas veces son exagerados’, dijo Silva.

Precisamente, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara tiene una investigación para determinar el impacto de la Ley de Incentivos Económicos del 2008, pero la misma está detenida desde octubre para determinar si ha cumplido los objetivos.

La presidenta de la asociación, Waleska Rivera, dijo que la propuesta congresional para modificar este tipo de impuesto estaba detenida y no esperaba ver algún movimiento sobre el tema en un futuro cercano debido a las divisiones que existen dentro del Congreso.

De haber algún movimiento en torno a la iniciativa, el Gobierno está preparado. De hecho, Rivera dijo que existe un memorando de entendimiento firmado en abril pasado por el gobernador, Alejandro García Padilla, el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, los líderes legislativos y los líderes de organizaciones empresariales en donde se comprometen a promover una reforma contributiva corporativa que no ponga en peligro los empleos de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico.

‘Nosotros educaremos al Congreso de que estos empleos en Puerto Rico son empleos americanos’, dijo Rivera.

Bonilla añadió dijo que a los Estados Unidos no le conviene tener un país pobre en su jurisdicción sino uno que pueda aportar.

La organización de industriales, no obstante, mantuvo su oposición al impuesto a las empresas foráneas que se impuso en el 2010 para financiar la reforma contributiva, y que la presente administración aumentó de 2.75% a 4%, y extendió hasta el 2017, porque lo que ha logrado es generar incertidumbre en el mundo empresarial, sobretodo, ante la posibilidad remota de que se vuelva a ir sobre la ley.

‘La forma atropellada en que se hizo, crea incertidumbre porque ahora una compañía lo piensa antes de hacer una expansión de que no le cambien las reglas del juego’, dijo Bonilla.