El periódico de negocios The Wall Street Journal reportó esta semana que el bufete de arbitraje de inversiones Klayman & Toskies está investigando las prácticas de ventas de UBS en Puerto Rico.

Según el cable de noticias de Business Wire divulgado por The Wall Street Journal, el bufete de abogados está investigando la venta de fondos de bonos cerrados –o closed-end- de Puerto Rico y las ventas sufridas por los inversionistas en estos valores.

Estos fondos tienen los siguientes nombres en la cartera de UBS Financial Services of Puerto Rico:

— Puerto Rico AAA Portfolio Bond Funds I and II

— Puerto Rico AAA Portfolio Target Maturity Fund

— Puerto Rico Investors Tax-Free Funds I — VI

— Puerto Rico GNMA <><><><>& U.S. Govt. Target Maturity Fundbr /

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— Puerto Rico Investors Bond Fund Ibr /

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— Puerto Rico Mortgage Backed <><><><><><><><><><><><><><> US Govt. Fundbr /

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— Puerto Rico Fixed Income Funds I through VIbr /

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— Tax-Free Puerto Rico Target Maturity Fundbr /

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— Tax-Free Puerto Rico Funds I and II./p

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Según el periódico The New York Times, algunos clientes de UBS fueron motivados a comprar valores a base de líneas de crédito, lo que violaría las normas de la empresa de inversiones./p

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Además, muchos clientes tomaron préstamos para invertir en estos fondos. Al vencer muchos de los bonos ya fuertemente endeudados, en algunos casos hasta en un 53 por ciento, las pérdidas pueden ser dramáticas al caer el valor de éstos. En las pasadas semanas, muchos de los clientes de UBS en Puerto Rico han perdido todas sus inversiones con estos fondos./p

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Como resultado de esto, algunos bufetes de abogados han radicado querellas ante la Autoridad Reglamentadora de la Industria Financiera (FINRA, por su siglas en inglés) para recuperar en un proceso de arbitraje las pérdidas que han sufrido.br /

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Las gestiones para contactar el sábado a algún portavoz de Klayman <><><><><><><> Toskes resultaron infructuosas./p

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Previamente, el bufete puertorriqueño de Vicente y Cuebas había radicado una querella contra UBS por el mismo asunto./p

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Se espera que el proceso de arbitraje de FINRA pueda tomar entre un año y medio y dos años y el mismo, de ser adjudicado a favor de los inversionistas, podría conllevar desde amonestaciones hasta la suspensión de corredores de valores, supervisores de la casa de corretaje y hasta el permiso mismo para la venta de inversiones./p

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Ya UBS suspendió a uno de sus corredores a raíz de la divulgación de las cuantiosas pérdidas de los inversionistas puertorriqueños, muchos de los cuales eran jubilados./p