La Corporación de Garantía de Depósitos Federal (FDIC) demandó a 19 exdirectivos del R-G Premier Bank por negligencia en su supervisión de las operaciones de la fallida institución, y les reclama una compensación acumulada de $417 millones. Al momento de su cierre forzoso en abril de 2010, la instiución registró $1,460 millones en pérdidas.

La demanda federal radicada ayer enumera 77 préstamos que, según el FDIC, son ejemplo de la falta de cuidado y negligencia en la que incurrieron los directivos y miembros de la Junta de Directores, incluyendo préstamos de construcción, y préstamos a personas como el desarrollador Joel Katz.

Entre las fallas que supuestamente reflejan estas transacciones están que fueron otorgadas sin tener información financiera del solicitante, cuando ya otros préstamos del solicitante estaban en problemas, y sin colateral o sin suficiente colateral.

El pleito coloca la responsabilidad supervisora en los demandados, pero ubica la responsabilidad ejecutiva en Víctor Irizarry Ortiz, un oficial de préstamos comerciales a quien la Junta le permitió ‘hacer y deshacer’ bajo el mandato de aumentar el financiamiento comercial de la entidad.

‘Irizarry descargaba su autoridad con mano firme, y no escatimaba en presionar abiertamente al personal de riesgo crediticio. En al menos una ocasión, cuando un analista de riesgo crediticio objetó un préstamo que él quería aprobar, (Irizarry) explícitamente amenazó con botarlo. ‘Si no puedes hacer esto’, le dijo, ‘encontraré a alguien que pueda», relató la FDIC.

La demanda indica que los oficiales están desatendiendo advertencias desde por lo menos el 2003, cuando una auditoría interna alertó de los riesgos inherentes que se habían creado con la concentración de poder en Irizarry.

El grupo de demandados incluye a dos exfuncionarios públicos, en su rol de directores del banco: el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Agosto Alicea, y la Excontralora, Ileana Colón Carlo.

‘Solamente entre noviembre de 2004 y diciembre de 2008, el banco emitió $350 millones en préstamos que cualquier banquero prudente debía saber que no se repagaría jamás. Los directores y oficiales también exacerbaron y aceleraron estas pérdidas mediante aprobar robóticamente prácticamente cualquier solicitud de préstamo que le ponían en el escritorio, aún cuando dichas solicitudes habían sido procesadas mediante la obviamente deficiente estructura que crearon en el banco’, argumenta la FDIC en el pliego.

Los demandados son: el fundador Víctor J. Galán Álvarez, el vicepresidente de la Junta, Ramón Prats, Rolando Rodríguez Mancebo, Irizarry Ortiz, Joseph L. Abrahamson, Agosto Alicea, Colón Carlo, Luis Berríos, Laureano Carus, Benigno R. Fernandez Rosario, Melba Figueroa Padilla, Victor L. Galán Fundora, Roberto Gorbea Frontera, James Lynn, Eduardo McCormack, Iván Méndez, Rafael Nin Torregrosa, Gilberto Rivera Arreaga, y Enrique Umpierre Suárez.

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