Mientras los ciudadanos se sienten atropellados con el aumento constante en su factura de electricidad, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER) presentó una serie de medidas que, aseguran, ayudaría a proveer un alivio a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, precisó que entre las alternativas está el evaluar todos los subsidios que ofrece la AEE y eliminar aquellos que no cumplan con un bien social, entre los que resaltaron los que reciben los municipios y ciertas industrias.

Solamente los municipios representan una carga de $196.50 millones con relación a los subsidios. En el caso de las industrias a través de la Ley de Incentivos Económicos establecida en el 2008, son unos $75 millones. El grupo sindical indicó que no se estarían contemplando las ayudas que reciben las organizaciones sin fines de lucro, los ciudadanos y los hospitales.

También planteó Figueroa Jaramillo que se debe establecer una campaña más agresiva para cobrar la morosidad que tienen algunas dependencias del Gobierno y empresas privadas que ronda en $217.44 millones. A la par, señaló que se debe detener el hurto de electricidad, que tiene un costo de $200 millones para la AEE.

Figueroa Jaramilllo dijo que se debe mejorar en un 5% adicional la eficiencia de la AEE, en otras palabras, los aspectos que tienen que ver con mantenimiento y distribución, para así lograr una economía de $290 millones.

De tomar estas medidas, Figueroa Jaramillo puntualizó que los consumidores que consumen aproximadamente 625 kilovatios/hora pudieran disfrutar ahorros en su factura de hasta $40.

De hecho, Figueroa Jaramillo planteó que la factura se reduciría aún más si la AEE establece un sistema de gasificación que nutra a la planta de Costa Azul y Aguirre, por medio de trasmisión de gas desde unas barcazas. Esta opción representaría una carga de $600 millones anuales.

En entrevista previa con NotiCel, Miguel Cordero, director de AEE, explicó que la utilización de las barcazas resultaba muy onerosa al comparar con el controvertible proyecto de Vía Verde.

De otro lado, Figueroa Jaramillo afirmó que los cerca de 1.5 millones de abonados son los que terminan costeando los subsidios que ofrece la AEE, los cargos que corresponden a los ciudadanos que se roban la luz y los que incumplen con su pago.

De acuerdo a información disponible en el portal de la AEE, en la factura de cada abonado se desglosan tres cargos, que sumando redundan en lo que los ciudadanos pagan mensualmente. Estos son Tarifa Básica, el Ajuste por Compra de Combustible y el Ajuste por Compra de Energía. La dependencia alega que con el Ajuste por Compra de Combustible ‘se recupera el gasto efectuado para la compra y manejo del combustible consumido en las unidades generatrices de la Autoridad. Este es el renglón de la factura que más varía debido a las fluctuaciones del costo del petróleo en el Mercado’.

No obstante, Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, explicó el misterio detrás de la fórmula que utiliza la AEE para facturar a sus abonados, donde la persona termina pagando más de lo que realmente consume de electricidad y le añaden unos cargos que no tienen nada que ver con los ajustes de Combustible y Energía.

Por otra parte, Ricardo Santos Ramos, ex presidente de la UTIER y actual secretario de Salud y Seguridad Ocupacional del sindicato, catalogó como ‘una campaña falsa e ilusoria’, el llamado que han hecho varios ciudadanos a través de la red social Facebook, de hacer un boicot y solo pagar los cargos de electricidad consumida.

Desde la semana pasada un grupo de ciudadanos creo el grupo ‘Todo Puerto Rico en contra del abuso de la AEE’, que ya cuenta con 42,765 miembros. Con este grupo pretenden llevar su reclamo por el aumento en el costo de electricidad, a la vez que crean un consenso para proponer ideas para hacerle frente.

Santos Ramos manifestó que el resultado de no pagar la factura completa sería el que les suspendan el servicio de luz a los que incurran en esta práctica. Por tal motivo, los miembros de la UTIER puntualizaron que la única alternativa es que la Legislatura cree algún proyecto de ley para llevar a cabo sus sugerencias.