La presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro del Servicio Público, María de Lourdes Ramos Rivera, avaló realizar reajustes en las aportaciones patronales y del empleado al sistema, además de adoptar sanciones para las dependencias que tienen morosidad en el pago de las remesas, como soluciones para atender el déficit que enfrentan los tres sistemas principales de retiro.

Las opciones fueron planteadas a NotiCel, como medida para evitar que colapsen la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y del Sistema de Retiro de Maestro (SRM).

Con esas medidas se proponen para evitar que colapsen la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y del Sistema de Retiro de Maestro (SRM).

Ramos Rivera señaló a NotiCel que las aportaciones patronales e individuales se deben ajustar de acuerdo al salario del empleado e ingresos y gastos de las dependencias. Al mismo tiempo, puntualizó que deben hacerse modificaciones a las aportaciones de los alcaldes y los jueces.

En el caso de los jueces, Ramos Rivera sostuvo que ‘a nivel de sueldo de pensiones son los que más alto reciben, pero actualmente son los menos que aportan’.

Según documentos de la ASR, el promedio mensual de pago a los pensionados de la Judicatura es de $4,263 y de $1,479 para sus beneficiarios. Mientras en el caso del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, los documentos afirman que el promedio mensual de beneficios por pensionado es de $1,088, por incapacitado $543 y beneficiarios $288.

Ante esta situación, Ramos Rivera sentenció que las aportaciones individuales deberían ajustarse de acuerdo a los sueldos, para así establecer un balance.

No obstante, descartó una reducción en las pensiones o un incremento en el tiempo en que los empleados podrían retirarse, medidas que fueron presentadas como alternativas por la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro, creada por el gobernador Luis Fortuño.

Por otro lado, Ramos Rivera propuso un plan para mitigar las deudas que mantiene en la ASR los patronos morosos que retuvieron las aportaciones, pero no remitieron las remesas al sistema.

Planteó que si los municipios no pagan las remesas ni se acuerdan planes de pago, se tramitará una certificación al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), para que automáticamente sean deducido. En el caso de las agencias y corporaciones la gestión se haría por el Departamento de Hacienda.

De otra parte, Ramos Rivera detalló que mantiene un diálogo con el presidente de la Comisión, Miguel Romero, quién también es el secretario de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), y le ha presentando tres proyectos que radicó para que sean considerados como parte del plan para materializar las propuestas, de la cuál este organismo le rindió un informe el pasado octubre a Fortuño. Precisó que sus proyectos (2855, 2874 y 2888) ‘están siendo evaluados’.

Investigación a UBS sigue en pies

La representante apuntó que todavía siguen investigando a la firma UBS Financial Services de Puerto Rico por su gestión durante las tres emisiones de bonos por un total de $3,000 millones a favor de la ASR.

A esta firma se le ha cuestionado su rol en dichas transacciones al plantearse un conflicto de intereses porque a la vez que asesoraron a la ASR para que realizara las emisiones, mercadearon los bonos entre sus clientes.

Ramos Rivera fue parca en detallar el status de la investigación e insistió en que ‘no te voy a fijar responsables todavía’.

Sin embargo, a su juicio, ‘desde el momento uno (de las emisiones) fue una locura, una bomba para Retiro’. Cuestionó ‘nadie hace un préstamo por un 6 por ciento de interés y sólo recibirá un 4 por ciento’.