Puerto Rico Soccer League, Fútbol Boricua y otros reclaman en el tribunal federal que la federación saboteó sus planes de expansión, manipuló elecciones, emitió sanciones infundadas e incurrió en conflicto de interés.

Una demanda sometida ayer en el tribunal federal alega que durante los últimos cuatro años la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Inc., (FPF) ha perpetrado un patrón de crimen organizado para monopolizar ese deporte en la isla y sabotear los planes de masificación de la Puerto Rico Soccer League NFP, Corp., (PRSL).

Los demandantes basan su reclamo en la Ley Federal contra el Crimen Organizado (RICO en inglés), piden compensación económica, la cual bajo RICO puede ser de hasta tres veces los daños reales, y también piden al tribunal que ordene la celebración de una nueva elección de directiva en la FPF.

Además de PRSL, demandan su presidente, Joseph Marc “Joey” Serralta Ives, el exmiembro de la Junta de Directores de la FPF y operador de Liga Elite, Inc. (conocida como la Liga de Bayamón), Juan M. Cornejo, la exmiembro de la junta de la FPF y excandidata a presidente de ese organismo, María Larracuente, el abogado y expresidente del Pumas de Roosevelt Futbol Club, Inc., José R. Olmo Rodríguez, y Fútbol Boricua (FBNET), un medio de comunicación especializado en ese deporte en la isla desde 2011.

Los demandados son la FPF, su presidente actual, Iván E. Rivera Gutiérrez, su vicepresidente José “Cukito” Martínez, su secretario general, Gabriel Ortiz, y su secretario auxiliar, Luis Mozo Cañete.

El documento expone que la PRSL operó en la isla la LigaPro desde 2008 con la autorización de la FPF. Como resultado del huracán María y la crisis económica, LigaPro no pudo realizar su torneo 2018-2019, pero en agosto de 2018 anunciaron su torneo 2019-2020 con siete clubes y 28 fechas y, además, presentaron su plan de negocios PRSL 2.0. Este plan incluía una estrategia de masificación basada en concretar alianzas público privadas con municipios para que estos cedieran terrenos sobre los que PRSL construiría parques mediante un contrato a largo plazo que le daba a PRSL los derechos para beneficiarse de la operación de la instalación. Hubo conversaciones con el alcalde de Cayey y acuerdos con los municipios de Dorado e Isabela para ejecutar esta propuesta. El demandado Martínez tuvo acceso a detalles del plan de primera mano cuando acompañó a la PRSL a una reunión con el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.

Simultáneamente, a principios de 2019, la FPF pasó por un evento eleccionario en el que Rivera Gutiérrez fue electo presidente y los demás demandados entraron en sus posiciones. La demanda acusa que el nuevo presidente y su grupo tenían su propio plan, que consistía en crear ligas nuevas que estarían sancionadas por ellos mismos en la federación para eliminar las ligas existentes y así crear un monopolio sobre el deporte en el que solo estarían sancionadas por la federación ligas que los mismos directivos del ente iban a crear. PRSL y Liga Élite son dos ligas que resultarían afectadas con este plan.

Como ejemplo, detallan que la FPF se comunicó con la federación internacional, conocida por la siglas FIFA, para decirles que en Puerto Rico había ligas que realizarían torneos no sancionados por ellos en la FPF. Esto produjo una comunicación de advertencia de parte de FIFA a los integrantes del deporte en la isla que causó que equipos, jugadores, auspiciadores y otros participantes de LigaPro optaran por no participar en el torneo, a pesar de que la PRSL tenía el aval de la FPF.

Otro efecto fue la paralización del plan de masificación del deporte en los municipios, a pesar de que la PSRL había invertido en retener arquitectos, ingenieros, contratistas, contadores, cabilderos, expertos ambientales, agrimensores y consultores de sustentabilidad climática.

Con este detente, la FPF usó los recursos que estaban comprometidos con el torneo de la PRSL para crear su propia liga, Liga Puerto Rico, añade el documento, que también señala que Rivera Gutiérrez y su hermano, Erick, incorporaron la Sports and Vacation Travel Agency of Puerto Rico y dieron instrucciones al personal de la federación para que se usara ese empresa como agencia de viajes de la federación, lo que representa un conflicto de interés. Añaden que burlaron leyes migratorias al utilizar a inmigrantes no naturalizados para que sirvan de jueces en la Comisión de Disciplina y Ética de la FPF pagándole directamente a una entidad fuera de territorio estadounidense de manera que esas personas pudieran entrar al país con visas de turistas.

Otros actos denunciados son la manipulación de ese mismo proceso disciplinario para perjudicar a Cornejo y tomar represalias contra Olmo Rodríguez, así como que cambiaron retroactivamente los requisitos para candidatos que participarían en la elección de 2023 y así perjudicar a Larracuente. El demandante FBNET indica que entró en un acuerdo con la PRSL para transmitir los juegos de su torneo y, por consecuencia, invirtieron en equipo y personal solo para que la FPF les copiara el plan y lo contratara con un competidor suyo dejándolos sin torneo que cubrir y sin negocio con la federación.

PRSL reclama daños de $25 millones y su presidente daños por $1.5 millones, mientras que Cornejo reclama $100,000, Larracuente $500,000, y Olmo Rodríguez $250,000.

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