La senadora Nitza Moran analizó el cumplimiento y retos de la Ley 247-2015 junto a representantes de Recursos Naturales, DACO y otras agencias.

Realmente, ¿Ha sido peor el remedio que la enfermedad?

A 10 años de haber sido implementada la Ley 247, conocida como la “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, la senadora Nitza Morán Trinidad, cuestionó la medida y propone hacer un estudio sobre el impacto de ésta en la Isla.

“La ley se convierte en ley para poder detener el impacto ambiental en Puerto Rico. Pero ¿realmente contamos con una industria de reciclaje para atajar este impacto”, expuso la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado, en medio del proceso de vista pública para atender la Resolución del Senado 112.

Aunque durante la jornada, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) justificó que ha habido una disminución mayor a un 85% en el uso de bolsas plásticas. Morán Trinidad catalogó como un acto de desinformación atribuirlo a la vigencia de la ley. 

“No es la medida por sí misma la que ha provocado un cambio, sino el disuasivo del costo que finalmente absorbieron los consumidores y comerciantes. Esa es la realidad que debemos evaluar con responsabilidad”, manifestó la senadora por el Distrito de San Juan.

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El representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Antonio Ríos señaló que la Ley 247-2015 cuya intención era tratar de prevenir el uso de bolsas plásticas desechables entre los consumidores también ha generado retos adicionales debido a la degradabilidad de las bolsas alternativas.

“Entiendo que la ley no ha tenido el impacto que se deseaba porque se están usando bolsas más gruesas”, señaló en su ponencia. 

Ríos explicó que las bolsas de plástico que actualmente se encuentran disponibles para la venta en distintos comercios pueden demorar mil años en degradarse. Mientras que las bolsas de papel, al estar expuesta a las diversas condiciones del medioambiente, se degradarían mucho más rápido. Por lo que representa una alternativa más acertada. 

 “Levantar un proceso de evaluación de estas leyes es loable. Lo importante es la participación de todos los sectores para tener un insumo adecuado y una legislación robusta”, agregó Ríos en apoyo a la iniciativa.

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Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, denunció que la implementación de la ley “no se ha llevado a la intención”. 

“La ley solo ha logrado encarecerle el costo de vida a los consumidores puertorriqueños, quienes ahora deben pagar por bolsas reusables o alternativas. El sacrificio se ha trasladado al consumidor sin que se garantice la efectividad ecológica que justificó la medida”, apuntó en su turno. 

Reclaman acción para manejo adecuado de reciclaje

Para la titular de DACO, el hecho de que no se cuente con un resultado preciso sobre el impacto de la medida en torno al medio ambiente o del programa de reciclaje que está en vigor para validar el propósito de la Ley 247, es una de las razones por las que no está dando resultado.

“Es una ley cuya intención es loable. Sin embargo, si no tenemos el programa de reciclaje necesario para lo que queremos atajar, la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién va a beneficiar?, y ¿a quién le va a costar?”, expresó Rodríguez Erazo, quien coincidió con el DRNA que las bolsas desechables que muchos comercios acogieron, si no se manejan adecuadamente, pueden resultar igual o más dañinas para el ambiente. 

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) reconoció la importancia de promover el uso de bolsas reusables, pero de igual forma reconocen que el fin que busca la Ley 247 (proteger el medio ambiente) dependerá de que contemos en Puerto Rico con plantas de reciclaje para bolsas plásticas, de papel u otros materiales reciclables que aquí se generen. 

Finalmente, la organización sin fines de lucro Cambio PR sostuvo que, “debilitar la Ley 247-2015 sería un retroceso en salud pública y justicia ambiental. La evidencia demuestra una disminución sostenida de bolsas plásticas en nuestras costas desde 2016; lo responsable ahora es fortalecer la ley y seguir avanzando hacia una economía verdaderamente circular”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la entidad.