El convicto federal al centro del esquema de corrupción en varios municipios ahora busca insertarse en el mercado del cannabis medicinal a través de una corporación a cargo de su hija.

El convicto Oscar Javier Santamaría Torres, figura al centro de los casos federales de corrupción en múltiples gobiernos municipales se mueve ahora a la industria del cannabis medicinal con un centro de cultivo, manufactura y dispensario de cannabis medicinal que operaría junto a las facilidades de la empresa a través de la cual perpetró el esquema de corrupción, Waste Collection Corp. (WC), ubicada en Cidra.

Igual que hicieron con el supuesto centro de trasbordo de WC, los vecinos de varias comunidades en el barrio Beatriz se oponen al establecimiento del centro de cannabis medicinal y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) realiza hoy una vista sobre la consulta de ubicación del proyecto.

La iniciativa de Santamaría Torres se realiza bajo el nombre comercial de Fresh Flowers y a través de la corporación Saint Mary Investments LLC (SMI), organizada el 26 de agosto de 2020 con sede en el mismo edificio de la avenida Muñoz Rivera que aparece como sede de otras empresas de Santamaría Torres.

SMI tiene de presidenta a su hija, Lindamari Santamaría Torres, quien, a la fecha de la formación de la entidad, era modelo y estudiante destacada de ingeniería industrial, pero que al día de hoy no aparece como colegiada en el Colegio de Ingenieros. La representante corporativa de SMI es Lolimar Sánchez, del bufete de Santamaría Torres, Law Affairs PSC. Tras la publicación original de esta nota, Santamaría Torres dijo a través de su abogada que «desde octubre del pasado año, renuncié a cualquier participación» en la industria del cannabis medicinal y que «no tengo un interés propietario en ningún tipo de empresa relacionada en ese campo».

El agente residente consignado en el registro corporativo de Fresh Flowers es Octagon Consulting Group LLC. Esta firma es del licenciado José Giovanni Ojeda Rodríguez, esposo de la exasesora de Fortaleza bajo los gobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, María Palou Abasolo. Tras la publicación de esta nota, Ojeda Rodríguez indicó que renunció a su rol con la corporación el 13 de noviembre de 2020.

Tanto Ojeda Rodríguez como Palou Abasolo fueron objeto de un referido que hizo el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, por presiones que ejercían sobre la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) para que se concedieran permisos a empresas particulares. El Departamento de Justicia no recomendó presentar cargos ni la activación de fiscales independientes y el matrimonio adujo que el referido se debió a una «purga» que habría desatado Maldonado Gautier.

La consulta de ubicación ante la consideración de OGPe propone un edificio de una planta en un solar de 12,739 metros cuadrados. No es construcción nueva porque ya en el lugar está una estructura que es contigua al centro de WC. La empresa adquirió el terreno en 2017 y ubicó lo que sería un centro de trasbordo para su creciente negocio de recogido de basuras con los municipios. Centro de trasbordo implicaba que allí legaría la basura recogida en los municipios solo para ser llevada rápidamente en camiones más grandes hacia su depósito final, pero el área se convirtió en un vertedero que es el dolor de cabeza de sus vecinos.

«Es una asquerosidad… nunca han cumplido con nada», aseguró Wilson Rivera, uno de los líderes del grupo de vecinos que ha llevado las quejas contra WC ante alcaldes, legisladores, agencias federales, locales y que ahora se oponen también al establecimiento del dispensario y centro de cultivo de cannabis medicinal por el historial de incumplimiento que ha tenido la operación de desperdicios sólidos. Rivera afirmó que, a pesar de esos esfuerzos, nada ha cambiado en las operaciones de WC y los vecinos se siguen afectando.

Las operaciones en el solar están a entre 100 y 500 pies de las residencias de sus vecinos y a 75 pies de la quebrada que representa la línea divisoria entre Caguas y Cayey. El barrio abarca sectores de Cidra, Caguas y Cayey.

En 2019, una inspección de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) encontró que WC no se había sometido a las regulaciones para descarga de aguas y no tenía facilidades para controlar las descargas hacia la quebrada que pudieran resultar del manejo de la basura.

En febrero de este año, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una orden de cese y desista contra WC en un proceso para el que la comunidad pidió intervención y no se le permitió. Entre los hallazgos incluidos en la orden, están: no tienen permiso de operación desde el 7 de junio de 2021, no tener un plan operacional vigente, sin registro de manejo de lixiviados, no sacan los desperdicios a diario para su disposición final en los vertederos (lo que se supone define lo que es una estación de trasbordo), no tiene planes de desalojo, control de vectores y su personal no está preparado para reconocer y excluir desperdicios sólidos peligrosos o no peligrosos de manera especial. Por esto se le impuso multa de $30,500 y se le prohibió operar, pero los vecinos aseguran que siguen operando. La orden quedó sometida a un proceso de evaluación de la estipulación a la que llegaron con WC.

Santamaría Torres asumió su culpa a nivel federal el 30 de noviembre de 2021 y dos semanas después, en sus únicas expresiones públicas hasta ahora, dijo que estaba «genuinamente arrepentido» y que «[p]retendo probarlo cada día que me quede de vida sirviendo de ejemplo a otros para que jamás se aparten de los valores éticos y morales que deben prevalecer en toda profesión y en la vida». Como parte de su acuerdo de culpa, se expone a multa de $250,000 y devolvió $6 millones que supuestamente son la totalidad de las ganancias ilegales que obtuvo con el esquema de sobornos a cambio de contratos públicos. Santamaría Torres está involucrado con varias corporaciones adicionales a WC.

Rivera subrayó que en ningún momento Santamaría Torres o algún representante autorizado de la empresa les ha dado cara.

«Antes (Santamaría Torres) se pasaba ahí metío porque las oficinas eran ahí. Un poquito antes del escándalo, empezó a deshacerse de cosas ahí. Habían guaguas lujosísimas, todas negras, tinteás, tipo gobierno… era como una mafia lo que aparecía ahí», dijo Rivera sobre las idas y venidas del excontratista en el local de WC aledaño al que ahora sería de Fresh Flowers.

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