Exigen participación en el proceso de vistas públicas y alertan sobre la revictimización de los sobrevivientes de crímenes.

Varias organizaciones y grupos que trabajan de cerca con víctimas y sobrevivientes de delitos denunciaron hoy que, a pesar de su peritaje y conocimiento sobre el tema, se les ha dejado fuera durante el limitado proceso de vistas públicas sobre los Proyectos 1590 del Senado y 2476 de la Cámara.

Los proyectos responden a un veredicto del Supremo federal que dispone que los veredictos de culpabilidad tienen que ser unánimes en casos criminales, y no de, por lo menos, 9-3, como había sido hasta hace poco más de un mes.

Sin embargo, aunque la opinión del Alto Foro estuvo dirigida a casos pendientes y no a los casos finales y firmes, las medidas de Cámara y Senado en Puerto Rico proponen que también sea aplicable de forma retroactiva a los casos ya resueltos.

A esto, la Coordinadora Paz para Las Mujeres, en representación de más de una treintena de organizaciones y profesionales de la salud y la conducta, envió una misiva a la representante y presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, María Milagros «Tata» Charbonier, expresando no solo su preocupación y rechazo a los proyectos, sino también exigiendo inclusión durante el proceso de vistas públicas.

Hoy se llevó a cabo una vista ante la Comisión de lo Jurídico, y al grupo no se le permitió deponer.

«La mera posibilidad de ofrecer nuevos juicios a criminales convictos por decisiones de jurados que no hayan sido unánimes envía un mensaje que parece desconocer los temores, angustias e inmensas dificultades que enfrenta la ciudadanía con respecto al reclamo de justicia social e institucional para las víctimas sobrevivientes», detallaron en la carta a Charbonier.

Además, describieron las implicaciones que puede traer la reavivación de casos criminales en la salud emocional de los sobrevivientes de estos delitos.

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«Cuando una persona es víctima de un crimen, toda su vida y la de los seres que le son significativos se altera con la experiencia. De igual forma, las familias que ya tienen que lidiar con los complejos efectos psicológicos del trauma que supone haber sido sujetos de violencia, se exponen además a los efectos de una revictimización continua en las diferentes etapas de los procesos con las agencias del sistema de justicia y las personas a cargo. Nuestra experiencia por décadas como investigadoras, profesionales de servicios de ayuda, defensoras de derechos humanos, intercesoras y acompañantes de víctimas de violencia de género y sus familiares, nos da autoridad para afirmar que en no pocas ocasiones enfrentan en los procesos actitudes y comportamientos sexistas, insensibles, prejuiciados, humillantes y, como consecuencia, revictimizantes. Su dignidad resulta lacerada y se debilitan en la salud emocional», añadieron, para ampliar sobre el «retroceso» que representa la legislación en lo que respecta a derechos ya adquiridos para proteger a sobrevivientes de delitos criminales.

Asimismo, criticaron que durante el proceso solo convocaran a agencias como el Departamento de Justicia, quien ya ha criticado severamente el proyecto cameral, y abogados de defensa, alegando que les han indicado que los turnos para deponer ya están ocupados, y que tampoco llevarán a cabo más vistas.

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«Nos preguntamos, ¿cuál es la prisa? ¿Qué intereses hay detrás de este proceso tan opresivo? Nos cuestionamos si es que existen razones de índole electorera en la movida, a tan corto plazo de que finalicen los trabajos en el Capitolio y se abran las compuertas para la campaña política. De ninguno de los proyectos surge que Cámara o Senado tengan una idea clara de los juicios que habría que celebrar nuevamente. En las medidas e informes a los que hemos tenido acceso no hay atención o interés en el efecto que tendrán sobre las víctimas, familiares y testigos. Tampoco sobre el sistema de justicia. Entonces, ¿por qué tanta callosidad y empeño? La decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos vs Louisiana no requiere que los veredictos por unanimidad sean retroactivos. Tampoco el caso de Puerto Rico, Pueblo vs Torres Rivera. ¿Por qué hacerlo aquí sin estudios, sin estadísticas, sin analizar las dificultades procesales y sin escuchar a quienes han visto sus derechos humanos violentados?», cuestionaron.

Por último, hicieron un llamado a la apertura de los procesos legislativos, y la consideración al impacto que podría tener el no revisar dichos proyectos antes de su aprobación.

«Es mandatario que el poder Legislativo y el ejecutivo aseguren participación, apoyo, seguridad y respeto a la dignidad de quienes sufrieron la acción criminal que dio un zarpazo a la paz de sus vidas, que les arrastró a revivir el trauma que causó un asesinato, la agresión sexual, el abuso que sufrieron menores por un depredador o cualquier otro delito que sufrió en carne propia o de un ser querido. Por ello es necesario que se revisen, fortalezcan y se le dé una nueva mirada a los derechos de las víctimas y el desarrollo que éstos han tenido impulsados por las luchas de quienes los defienden, para atemperar las disposiciones que sobre el particular existen en nuestra Patria. Es lo menos que pueden hacer quienes se supone abogan por una sociedad justa y equitativa», concluyó el colectivo.

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Más temprano, durante la vista, la propuesta de retroactividad fue rechazada por el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, al coincidir en que la medida no sería en beneficio del sistema jurídico ni de las víctimas de delito.

Sin embargo, fue avalada por la Sociedad de Asistencia Legal, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y un grupo de abogados de defensa, liderados por Harry Padilla Martínez, quienes recalcaron que es una determinación de justicia para los acusados y los convictos.