Así lo confirmó el secretario Domingo Emanuelli, tras el referido remitido por la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó hoy que la agencia investiga a las clínicas de aborto que operan en Puerto Rico, tras un referido remitido el 18 de mayo pasado a la dependencia pública por las legisladoras Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz.

Emanuelli se expresó sobre el asunto antes de deponer hoy ante la Comisión de Vida y Familia del Senado, que preside Rodríguez Veve, sobre el proyecto del Senado 495, para crear la una ley con el objetivo de requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad de una menor de 18 años al momento de consentir un aborto en Puerto Rico.

El funcionario dijo haber recibido el referido para investigación «en el que se expone información, documentos y datos recopilados por los procesos legislativos. En resumen, son casos no reportados de menores de edad que alegadamente fueron víctimas de agresión sexual».

El titular de Justicia afirmó que el caso «se está investigando», pero aclaró que «es mi responsabilidad abstenerme de emitir cualquier opinión al respecto».

Junto con exponer que como agencia «tenemos la facultad de investigar» la denuncia, expuso que «considerando el alto interés público» tampoco iba a responder preguntas en torno al caso en la audiencia pública «aunque fueran hipotéticas, para no afectar la labor de los fiscales».

Advirtió que «la investigación trata de posibles conductas delictivas», por lo que aseguró que «es mi deber que como secretario de Justicia que las pesquisas se lleven a cabo de manera responsable».

De acuerdo con Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos, el referido está sustentado por «evidencia testifical y documental» que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado ha recopilado como parte de los procesos legislativos relacionados al proyecto del Senado 495.

“Los hechos expuestos en el referido constituyen evidencia de que 118 menores de 15 años o menos se sometieron a terminaciones de embarazo en las clínicas privadas de aborto de Puerto Rico en los últimos 5 años. De su faz, el estado de embarazo de estas menores constituye, en lo menos, sospecha de agresión sexual, y pudiera culminar en la determinación de la comisión del delito de agresión sexual», sostuvo Rodríguez Veve el pasado 18 de meyo.

La portavoz en el Senado de Proyecto Dignidad dijo ese día que los hechos referidos «revelan que estas clínicas, y los profesionales de la salud que allí laboran, pudieron haber incurrido en violaciones a los artículos 3(x), 3(bb), 21 y 23 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246 de 2011), vigente al momento de estos hechos ocurrir”.

Rodríguez Veve consignó a su vez que el Código Penal de Puerto Rico, en su artículo 130, «dispone de manera general los elementos del delito de agresión sexual, que incluyen la relación sexual con una menor que no haya cumplido los 16 años. Este delito prescribe a los 20 años, pero cuando la víctima es un menor de 18 años, y el acusado mayor de 18 años al momento de los hechos, el delito no prescribe. Por su parte, la Ley 246 de 2011 define abuso sexual en su artículo 3(b), entre otras cosas, como cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal, configuraría agresión sexual».

«De los hechos referidos surge evidencia indisputable de que en los últimos 5 años las clínicas de aborto en Puerto Rico han llevado a cabo procedimientos de terminación de embarazo en 118 menores de 15 años o menos», aseguró la legisladora.

Al respecto, señaló que «solo una clínica (IELLA/Profamilia) refirió 4 casos de violación, o sospecha de esta, en menores de 18 años o menos a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de la Familia y al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV). De la información provista por esta clínica se desprende que, de estos 4 casos, uno de ellos es de una menor de 16 años o más. La clínica no específica la edad de las menores de los otros 3 casos referidos».

Detalló que en el caso de la clínica Darlington Medical Associates «no refieren casos de violación, o sospecha de esta, al Departamento de la Familia, sino que los refiere a través de un referido formal por escrito dirigido al Hospital Universitario que es entregado a la menor para que ésta se lo lleve y sepa a dónde ir”.

Rodríguez Veve indicó asimismo que las clínicas Women’s Medical Pavillion y Clínica de Planificación Familiar llevaron a cabo 17 y 82 abortos respectivamente, de menores de 15 años o menos, entre los años 2018 al 2022, y no refirieron estos casos al Departamento de la Familia o al Negociado de la Policía.

«Las clínicas, al atender estos 118 casos de menores de 15 años o menos, estuvieron ante un hecho fehaciente que demuestra, al menos, sospecha de que se cometió una agresión sexual al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y de sospecha de abuso sexual al amparo del artículo 3(b) de la Ley 246 de 2011», declaró hace una semana.