La secretaria de la Gobernación defendió la estrategia para atender la situación de posibles construcciones ilegales e invasiones de terreno en esa reserva natural de Salinas.

La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, defendió la manera en que se ha manejado la situación de las alegadas construcciones ilegales e invasiones de terreno en la reserva natural Bahía Jobos en Salinas, al asegurar que «la realidad de todas las parcelas no es la misma».

«Por eso no podemos tomar una decisión igual para todo el mundo. Hay personas allí que tienen titularidad y no pueden construir porque es una reserva natural. Hay otras personas que no tienen titularidad y viven allí. Hay otras personas que tienen titularidad pero no tienen autorización de construir absolutamente ninguna estructura. Hay distintas violaciones», dijo García Bardales ayer en una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que estuvo acompañada por la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez; la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo y el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), Gabriel Hernández.

Cinco días para responder

García Bardales aseguró que ya está encaminado el proceso para corroborar las posibles instalaciones ilegales de agua y luz. Una vez esa información sea corroborada, se le dará un periodo de cinco días a la persona que aparece bajo esa cuenta para responder antes de proceder a cortar el servicio.

«En el momento que identifiquemos que un permiso para la activación de una utilidad se hizo de forma fraudulenta, en el momento que me certifiquen que esos permisos no son legítimos, se puede proceder a la desactivación de esas utilidades y eso va a ocurrir. Al día de hoy (ayer) acabamos de recibir de OGPE que hay unos permisos que no son legítimos. La AAA va a proceder a consultarle al cliente sobre la veracidad de ese documento, se le van a dar cinco días para que ese cliente pueda responder, de no haber ninguna respuesta, se procederá con el corte del servicio», agregó García Bardales, al asegurar que imponer multas de inmediato a las personas que residen allí no era la mejor opción.

«El Departamento de Recursos Naturales pudo haber comenzado un proceso para expedir multas. Pero, para evidenciar que la multa está ejecutada de una forma correcta, tiene que haber titularidad, tiene que haber permisología para poder identificar su todos esos documentos son veraces, son legítimos, tiene que haber un análisis. En vez de proceder con la estrategia de las multas, sencillamente se encaminó un análisis para que la finalidad sea el desahucio de las personas que podemos identificar que pudieran ser invasores. Las multas son un disuasivo y eso no hubiera sido, necesariamente, la mejor estrategia. A través del tribunal es como único puedes desahuciar a una persona, encaminar un proceso y que sea el tribunal que nos permita dejarle saber a quien invadió, que está de forma ilegal».

Según se ha reportado, las violaciones de ley en Bahía Jobos llevan ocurriendo por décadas. No obstante, la funcionaria garantizó que ahora sí se le pondrá un freno.

«Independientemente de lo que haya pasado antes, todas nuestras agencias están comprometidas en hacer valer esta ley y este reglamento. Perseguimos la restauración de nuestros recursos naturales y la mitigación de lo que entendemos son crímenes ambientales. Esto no es irreparable, tenemos que desahuciar y empezar a mitigar para restaurar el daño ambiental que allí ocurrió».

Identifican conexiones ilegales

Por su parte, la ingeniero Pagán Crespo dijo que en una visita de varias agencias el viernes a Bahía Jobos, se pudieron detectar algunas conexiones ilegales.

“Son trece acometidas. Hay ocho activas y cinco inactivas. Quiere decir que, de esas ocho que pudimos identificar, ya nosotros internamente procedimos a hacer la evaluación de la documentación y contenían los permisos que nosotros requerimos a cualquier cliente en la Autoridad. Cuando fuimos el viernes allí y veíamos las cajas y los contadores es como cualquier caja y contador que vemos con cualquier otra solicitud. Y eso ha sido parte de la información que hemos estado levantando».

En el caso de OGPE, están en colaboración con otras agencias para verificar la legalidad de los permisos, dijo el ingeniero Hernández.

«En las pasadas semanas hemos estado colaborando con Recursos Naturales, LUMA y Acueductos. Porque allí hay unas conexiones que parecen ser ilegales, estamos verificando la validez de esos documentos», sostuvo el secretario auxiliar de OGPE.

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