Quienes se oponen alegan que la medida amenaza la acreditación de la UPR, viola reglas de la Oficina del Contralor y crearía una universidad más burocrática.

El Proyecto del Senado (PS) 172 que propone una nueva Reforma Universitaria para la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha causado división entre dos bandos: la administración institucional y los representantes del resto de la comunidad de los 11 recintos, así como la base legislativa que radicó la medida.

El proyecto de ley propone reorganizar lo que es el ente rector de la UPR de tal forma que contenga mayor participación de la comunidad universitaria, a la vez que declara a la universidad del Estado como un bien público esencial, de alto interés social, cuya autonomía y su financiamiento público deben ser garantizados sin fluctuaciones.

De acuerdo a la administración actual, cuyos rectores han sido los más vocales, la medida tal como está redactada incumple con los estándares de acreditación que exige la Middle States Commission On Higher Education (MSCHE), lo que a su vez pondría en riesgo los fondos federales que recibe la universidad por parte del Departamento de Educación Federal. Sumado a eso, la medida crearía una universidad más burocrática y menos ágil.

La MSCHE establece unos criterios de acreditación basado en los aspectos de gobernanza, enseñanza, administración y liderazgo en las instituciones de educación superior.

No obstante, legisladores e integrantes de la comunidad universitaria han refutado esos argumentos.

El contenido del proyecto de ley tiene su historia, pues su elaboración comenzó en el 2018 por la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. El producto final cuenta con el apoyo de todos los Consejos Generales de Estudiantes, los Senados Académicos y la Junta Universitaria. La medida fue presentada el pasado cuatrienio, pero la Asamblea Legislativa no la atendió.

Cambio de mando

El PS 172 propone que el ente rector de la UPR sería el “Consejo Universitario”, lo que reemplazaría la actual Junta de Gobierno. En la línea de gobernanza, le seguirían la Presidencia y la Junta Universitaria.

El Consejo estaría compuesto por 13 integrantes, de los cuales seis serán representantes de la comunidad universitaria. Estos se dividirán en: tres estudiantes regulares, que garantice participación de al menos un estudiante graduado y un estudiante de bachillerato, y tres docentes con nombramiento permanente en el sistema universitario.

Los siete puestos restantes serán ocupados por personas fuera de la universidad, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, tal como ocurre al presente. La selección provendrá de una lista sometida por la Junta Universitaria.

Según el PS 172, no menos de dos miembros serán egresados de la UPR, al menos uno será una persona con vínculos con la diáspora y otro será un residente de Puerto Rico que haya participado “con distinción en el liderato social a través de organizaciones comunitarias, con vínculos sostenidos con la Universidad”.

Quien ocupe la secretaría de Educación participará de las reuniones del Consejo, como supone ocurrir en la actualidad.

La actual Junta de Gobierno de la UPR —antes conocida como la Junta de Síndicos— también está compuesta por 13 miembros, no obstante, la forma en que son seleccionados es diferente.

Composición actual:

Fuera de los dos representantes estudiantiles y los dos representantes claustrales, los demás miembros son elegidos por el Gobernador.

En términos generales, el resto de la ley guarda similitud con la actual Ley Universitaria.

Los argumentos

“No hay duda de que tenemos puntos en común con la propuesta, como es la meta de la despolitización, una cultura de transparencia y evaluación constante de los procesos administrativos, así como de la enseñanza y aprendizaje, toma de decisiones descentralizadas, autonomía fiscal, entre otros”, expresó el doctor Luis A. Ferrao Delgado, rector del Recinto de Río Piedras de la UPR.

El funcionario, quien ofreció declaraciones luego de presentarse la medida, insistió en que el PS 172 podía arriesgar la acreditación y crearía burocracia adicional. Sugirió enmendar el proyecto de ley y que la nueva versión se someta a consulta posterior.

Otros rectores que han alzado su voz han sido Agustín Rullán, del Recinto de Mayagüez y Luis Tapia Maldonado, de Utuado. Cuando el proyecto de ley fue presentado el pasado cuatrienio, el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, sometió un Memorial Explicativo que expresaba opiniones similares.

Durante la Sesión Ordinaria del Senado más reciente, el senador Rafael Bernabe Riefkohl señaló que había una campaña amplia en contra del proyecto de ley, sometido por petición y el que firman 14 legisladores entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Hacen tres alegaciones: que amenaza acreditación de la UPR, que viola reglas de la Oficina del Contralor y que crearía una universidad ingobernable. Esas son las tres acusaciones. Los tres señalamientos son falsos”, exclamó Bernabe Riefkohl, quien fue profesor en la UPR.

De acuerdo a Bernabe Riefkohl, la medida no cambia que los nombramientos al ente rector de la institución sean nombrados por el Gobernador de turno, sino que cambia los criterios por los cuales el Primer Ejecutivo se debe regir para hacer esas designaciones. Por tanto, no perjudica la acreditación de la MSCHE.

Jorge Colón, representante claustral alterno del Comité Multisectorial, especificó que la MSCHE no dispone cómo las instituciones que acredita deben establecer un cuerpo de gobernanza, sino que vela porque ese ente cumpla con los roles que le fueron asignados a la hora de su creación. Colón publicó un documento de unas seis páginas para desmentir las posturas de los rectores.

Por otra parte, la institución no se haría ingobernable bajo el nuevo proyecto, según el senador, Bernabe Riefkohl, sino todo lo contrario: aumentaría la participación y representación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.

En cuanto al planteamiento sobre Oficina del Contralor, se aludió a que el PS 172 violentaba las descripciones de las juntas directivas de corporaciones públicas. Sin embargo, Bernabe Riefkohl aseguró que las disposiciones en la medida no se apartaban de esos requerimientos.

El PS 172 se encuentra en la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado.

Lee aquí la medida: