Una residente de Luquillo indicó que su condominio cuenta con 296 unidades residenciales, de las que al menos 100 se alquilan a corto plazo, y por esta razón, ha incrementado en un 23% las cuotas de mantenimiento.

La ciudadana y residente en Luquillo, Leila Martínez Buitrago, aseguró, en vista pública de la Cámara de Representantes, que los alquileres a corto plazo han alterado de “manera drástica” la forma de vida, la rutina y modo de convivencia en las zonas residenciales.

La propietaria de un apartamento en Sandy Hills en Luquillo se expresó en una vista de la Comisión de Turismo, presidida por el representante José Rivera Madera, en la que se discutió el Proyecto de la Cámara 1557 (P. de la C. 1557). Esta medida pretende reglamentar y fiscalizar los arrendamientos a corto plazo en la isla.

Según Martínez Buitrago, el condominio cuenta con 296 unidades residenciales, de las que al menos 100 que se alquilan a corto plazo. Asimismo, la ciudadana relató situaciones que ha presenciado debido a los arrendamientos.

La residente afirmó que ha incrementado en un 23% las cuotas de mantenimiento por los costos aumentados que asume el condominio. De igual manera, indicó que han sometido a los residentes a dos derramas en un periodo de nueve meses. Una de las derramas constó en $1,500,000 para la reparación de elevadores dañados por el sobreuso. Como parte de la inconformidad, Martínez Buitrago señaló que han aumentado las confrontaciones y eventos violentos dentro del complejo.

“La proliferación no fiscalizada de las hospederías alternativas como lo son los alquileres a a corto plazo en condominios residenciales nos está haciendo mucho daño. Un daño profundo comunitario, ambiental, social, cultural, económico, emocional y moral está ocurriendo en Puerto Rico y somos muchos los afectados. Esto es un problema de gentrificación y desplazamiento. Este mal hay que sacarlo de los condominios residenciales. Aquí ha reinado la ley del truco”, puntualizó Martínez Buitrago.

Entre las recomendaciones que emitió la ciudadana, se encuentra aumentar el “room tax” de Puerto Rico a un 10%, y que la persona que desee registrarse como hostelera pague, anualmente, un registro de $500 a la Compañía de Turismo, de los que $200 sean destinados al municipio. El pago de ese registro como hostelero debe ser por unidad utilizada.

De igual manera, Martínez Buitrago sugirió que se prohíba que un inquilino subalquile la propiedad a corto plazo. De violar esta reglamentación, recomendó implementar una multa de $1,000 como primera infracción; $5,000 por una segunda infracción; y la pérdida de registro como hostelero a la tercera infracción.

Por otro lado, el ciudadano Rafael Martínez defendió los alquileres a corto plazo, y aseguró que son importantes para la economía de Puerto Rico.

El ciudadano, quien es operador de alquileres a corto plazo en el Viejo San Juan y la zona de Isla Verde, propuso que se elimine del proyecto de ley toda referencia a limitar al 33% de una residencia el área para alquilar a corto plazo. Asimismo, indicó que esta práctica ha incentivado a que se arreglen y remodelen edificios descuidados en la isla.

“Si se añaden cargos o se restringen indebidamente los alquileres a corto plazo, lo que sería la consecuencia de la cláusula del Proyecto de la Cámara 1557 limitándose al 33% de una residencia, nos veremos obligados a abandonar esta actividad. No tiene sentido limitar esta actividad que impulsa nuestra economía y es el mecanismo que mejor distribuye los beneficios del turismo entre todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”, sostuvo Martínez.

Vea: Recomiendan ampliar medida que pretende fiscalizar los alquileres a corto plazo