La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, alertó sobre cinco propiedades de la AFV en la zona, en las que ya, pese a que no hay registro de que se hayan vendido, estarían siendo refaccionadas por un inversionista.

Si antes eran los «latifundios cañeros», hoy parecen ser los «latifundios inmobiliarios o urbanos» los que se imponen, reclama la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, quien denuncia la «complicidad» del gobierno por lo que está ocurriendo en el sector de Puerta de Tierra, en que inversionistas están desplazando a la población que vive en el lugar.

Santiago Negrón no se queda ahí: también acusa de irregularidades en torno a cinco propiedades de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) que ya estarían en manos de un privado -el millonario Chaim Hazam-, pese a que no encontraron documentos públicos que demuestren que el inversionista (ya dueño de 14 inmuebles en la zona) compró las edificaciones.

La senadora está preocupada porque varias propiedades han sido compradas por un puñado de empresarios – Chaim Hazam (14), Richard Meruelo (6), Jason Dorset (4), David Dean (3), Juan Carlos Stolberg (1), David Hall (1)- y se intensifican los ofrecimientos de alquileres a corto plazo, dos señales de la grave gentrificación que se está dando en lo que fue la primera comunidad fuera de la ciudad amurallada de San Juan.

También hay otra situación que agrava el escenario, “ya que la vivienda de interés social en la Isla se halla en una situación crítica. Se estima que en Puerto Rico hay necesidad de 74 mil viviendas para alquiler y hay 25,000 familias en espera de una vivienda pública y 8,000 para Sección 8. Entonces se pensaría que el Estado promovería políticas para fomentar viviendas de interés social, pero ha optado por ponerse al lado de los inversionistas extranjeros, que reciben jugosos beneficios contributivos. El Estado se presta para esto y prefiere vender propiedades sabiendo que son necesarias”.

Y entonces pone como ejemplo las cinco propiedades de la AFV, “que estaban abandonadas y que ahora exhiben letreros que lo mejor está por venir. Son cinco propiedades de las que el pueblo de Puerto Rico es dueño, pero en las que ya se están haciendo trabajos por parte de un inversionista. Mediante escrituras públicas otorgadas recientemente, esas propiedades fueron liberadas de las condiciones restrictivas que estipulaban que sólo podían ser destinadas a viviendas de bajo costo. Pero a pesar de que a estas fechas no constan en el Registro de la Oficina de la Contralora contratos entre la AFV y la compañía de inversión (San Juan 901), se están realizando trabajos de remozamiento a gran escala”.

Para el excandidato a alcalde de San Juan del PIP, Adrián González Costa, lo censurable es “la forma descarada en que personas se valen de todos los recursos, esta vez del Estado, para apropiarse de propiedades que estaban destinadas a viviendas de bajo costo. Había un gravamen para cumplir con requisito de vivienda a bajo costo. En este caso, la cancelación de las condiciones restrictivas se produjo el 1 de noviembre pasado y días después ya estaban trabajando en el lugar, porque sin ese gravamen pueden ser destinadas las propiedades a lo que sea”.

Las cinco propiedades están rodeadas por otras cuyo dueño es Hazam y, de comprarlas, tendría en su poder la manzana completa, algo que no ven con buenos ojos la veintena de organizaciones que luchan por mantener Puerta de Tierra en manos de los vecinos ni tampoco González Costa, quien afirma que quieren “‘sofisticar’ la zona con hoteles y alquileres a corto plazo, para “tener un Puerto Rico sin puertorriqueños”, añade Santiago Negrón, senadora que recuerda lo ocurrido en la comunidad San Mateo de los Cangrejos (Santurce), donde hoy se levanta Ciudadela y en que había “una vecindad viva, diversa, activa, pero fueron obligados a vender bajo el poder del Estado”.

La legisladora, en una conferencia de prensa en el Capitolio, consigna que esas cinco estructuras eran complejos de vivienda de dos o tres pisos, pero sus residentes fueron desalojados aparentemente por la presencia de asbesto, pero ahora se da “una coincidencia de fechas donde la concertación (entre la AFV y el inversionista) es obvia y con el colmo de la eficiencia para impulsar lo que es un proceso de sustitución de la población en este sector”.

Sobre el asunto, los vecinos también tienen voz. Eugenio Hopgood Dávila advierte que “todos estos inversionistas son contribuyentes de las campañas políticas. Hay que vigilar esto, porque pueden controlar el sistema político y electoral con los millones que tienen. Hay que tener cuidado con la narrativa que tienen, de que vienen a arreglar estructuras abandonadas y de que cumplen una labor ‘altruista’. Pero al final son edificios abandonados por las agencias del gobierno. Y lo hacen deliberadamente porque no optan por la rehabilitación. Tienen una política de abandono con el barrio”.

En tanto, Karoline Sánchez afirma que en el área “se están quedando sin vivienda personas que la necesitan”, mientras que Yadiel Torres opina que “el Estado se presta para que nos atropellen. Esto es algo bien serio. Están sacando a la gente de la comunidad. Pero vamos a dar la batalla para permanecer, para que paren. Queremos respuestas del gobernador y del secretario de la Vivienda”.