Entre los gastos figura $9.3 millones por concepto de pruebas rápidas.

Un reporte entregado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detalla que de los $160 millones disponibles en el Fondo de Emergencia se han gastado $37.5 millones para atender la emergencia de salud pública generada por la pandemia de COVID-19.

En el informe, con fecha del el 30 de marzo de 2020, figura $9.3 millones por concepto de «pruebas rápidas de COVID-19».

NotiCel preguntó al Departamento de Salud sobre la procedencia de esas pruebas pagadas con dinero del Fondo de Emergencia pero al momento de esta publicación trabajaban en la verificación de los datos.

Otros $8.1 millones se desembolsaron para compra de suministros médicos y materiales; $1.2 millones para anuncios y medios; $822,313 para equipo del Departamento de Salud; $289,697 para enfermeras y técnicos médicos; $276,000 para mejoras capitales; $236,094 para preparación hospitalaria; $150,000 para suministros de limpieza; y $52,050 para un centro de servicio.

Además, $14.8 millones fueron destinados para que la Guardia Nacional rindiera servicios de apoyo en el aeropuerto.

Todos estos desembolsos dejarían disponibles $122.4 millones del Fondo de Emergencia. El organismo federal indicó que el Gobierno tiene la obligación de entregar informes semanales de los gastos. Al momento esperan por el de la primera semana de abril.

Mientras, otros $787 millones quedan disponibles provenientes del Paquete de Medidas de Apoyo de Emergencia.

De acuerdo a la directora de la JSF, Natalie Jaresko, estos $787 millones se cubrirán con $500 millones del superávit fiscal del Gobierno de Puerto Rico del año fiscal 2020 que se destinarán como una asignación especial, $157 millones como una reasignación dentro del Presupuesto General del año fiscal vigente de 2020, y $131 millones de fondos federales».

A preguntas de NotiCel, la JSF dijo ayer lunes que se espera que los reportes sobre desembolso de estos fondos «comiencen a llegar esta semana».

«El Gobierno tiene la responsabilidad de someter un informe semanal con respecto a cómo se usa el dinero, a quién se le compra el servicio, y el monto total», agregó.

Ayer, precisamente, en una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Junta de Control Fiscal (JCF) levantó bandera sobre un contrato para pruebas rápidas que detectan coronavirus y que aunque fue cancelado, suponía un gasto de cerca de $40 millones para el Gobierno de Puerto Rico.

Mediante una misiva remitida a la gobernadora, el organismo creado mediante una ley federal, recordó que la JCF debe verificar todos los contratos que se otorguen en el Gobierno de Puerto Rico que pasen los $10 millones.

«Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de $ 10 millones o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta», establecen en la carta, que firma la directora ejecutiva del ente.

«A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar el kits de pruebas rápida antes mencionados… El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se puede hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos», puntualizó Jaresko en la carta.