El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla desestimó el pasado 6 de abril la demanda presentada por la Liga Ecológica del Noroeste y residentes de Playuela, la cual solicitaba la paralización de las obras de construcción iniciadas por Caribbean Management Group (CMG).

Esta determinación priva a los demandantes de la oportunidad de presentar su prueba, que demostraría la supuesta ilegalidad del proyecto y su violación a los permisos originales.

‘Ningún foro ha atendido los reclamos de los demandantes aún. En su momento, la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla se negó a atender una querella presentada por los demandantes porque no tenía facultad para considerar los planteamientos de derecho. Por su parte, el Tribunal determinó no tener jurisdicción para atender la Demanda, toda vez que entiende que le toca al Tribunal de Apelaciones decidir’, manifestó el licenciado Omar Saadé en declaraciones escritas.

Para Saadé la determinación es injusta porque bloquea el acceso de los demandantes a los Tribunales. ‘El Tribunal decidió que necesitaba de la pericia administrativa, contradictoriamente el foro administrativo había indicado que carecía de la facultad para atender los reclamos esenciales de los demandantes. El mismo Tribunal plantea que es necesaria esa pericia administrativa para impugnar la validez de los permisos de construcción en Playuela. El efecto de esto es que los foros de instancias en los que se presenta prueba se desentienden para que el Apelativo resuelva’, explicó el abogado.

Verónica González, otra abogada de la comunidad cuestiona el hecho de que la Sentencia haga referencia a supuestos permisos que no existen. ‘No tenemos claro de dónde surge la idea que los demandantes están impugnando unos permisos de construcción. Si surge es por meras declaraciones del alcalde o dueños del proyecto quienes sostienen gozar de todos los permisos. Sostenemos que no tienen tales permisos de construcción. Y que el tribunal debió aquilatar la prueba de las partes. Debemos evaluar los impactos ambientales del proyecto hoy propuesto el cual es muy distinto al que se consideró y evaluó inicialmente por las autoridades pertinentes cuando se aprobó la DIA en la década de los noventa’, sentenció la licenciada.

La comunidad entiende que con esta decisión dejan a la gente sin remedios y sin foros efectivos en los que pueda examinarse la evidencia de la falta de permisos. ‘Me incomoda reflexionar sobre el pobre interés que tienen las agencias para proteger de manera efectiva y celosa nuestros recursos naturales. Me perturba que los derechos de la comunidad sean pisoteados cuando exigen su derecho a vivir en tranquilidad y con acceso a áreas recreativas que hoy están en peligro. Me enoja que nos limiten el acceso a los foros legales disponibles para presentar nuestros reclamos. Pero vemos que la justicia tiene dos varas y estamos en desventaja ante estas compañías millonarias que vienen a canibalizar nuestros recursos’, expresó Eric Gerena, portavoz de la comunidad.

‘Dicen que el que tiene padrino se bautiza’, continuó Gerena. ‘La parte demandada contrató como abogados a Milagros Rijos Ramos, ex directora de la División Legal de la Junta de Planificación bajo la administración de García Padilla y Elvin Hernández Salgado, ex director de la División Legal de la Junta de Planificación bajo la administración de Fortuño. Ante este junte que busca las simpatías de funcionarios de ambos partidos a la comunidad no nos queda otra ruta que la resistencia. Hacemos un llamado a la solidaridad de la gente, los estudiantes y demás sectores, lo cual es fundamental en esta lucha’, concluyó el portavoz.