Ante un clima de peligro, inseguridad laboral, exceso de trabajo y salarios precarios, los trabajadores sociales del país esbozaron un nuevo proyecto de ley que garantice una carta de derechos para mejorar las condiciones laborales de la profesión.

‘Es una clase profesional vulnerable, desprotegida y oprimida que atiende a una población que comparte las mismas características’, afirmó el presidente del Colegio Profesional del Trabajo Social, Larry Alicea.

El proyecto de ley que se radicó el miércoles en la Cámara de Representantes, en colaboración con la representante Luisa ‘Piti’ Gándara, derogaría la ley actual de la profesión que se estableció en 1940 y lleva 75 años sin revisarse.

Alicea pidió a la Cámara y el Senado que apruebe el proyecto antes de que culmine la actual sesión legislativa. El Colegio, la Junta Examinadora y el Instituto, con investigaciones, dos vistas públicas y más de 65 ponencias se juntaron para crear el documento. ‘No necesitan tanto estudio y tanto análisis porque viene desde la base de la profesión’, sostuvo el Presidente.

‘Mientras los problemas sociales y las violencias han ido incrementando, las condiciones de los y las profesionales del trabajo social han empeorado’, sostuvo Alicea.

En un país con un 16% de desempleo, donde más de 800 mil personas padecen de enfermedades mentales y 400 mil carecen de seguro médico, son los trabajadores sociales quienes asumen el rol de buscar soluciones a las problemáticas del país.

Sin embargo, día a día, los peligros y precariedades de la profesión acechan a estos profesionales del país, que atienden a una tercera parte de la población, aproximadamente, desde niños en los ‘head starts’, estudiantes en las escuelas, hasta casos de violencia doméstica con la Oficina de la Procuradora, asuntos del hogar con el Departamento de la Familia, derechos de los adultos mayores, entre otros.

En primer lugar, garantizar la seguridad en el espacio laboral es prioridad para el colectivo. Inmersos en un espacio laboral en que el tráfico de drogas, las balaceras, los asesinatos, y la violencia verbal y física pueden ser la orden del día, los protocolos de seguridad de los trabajadores sociales son insuficientes.

En segundo lugar, la precaria compensación económica que reciben dichos profesionales es insostenible con la cantidad de casos que trabajan, sumado a tareas administrativas adicionales. Hay personas con maestría cobrando el salario mínimo federal, denunció Alicea. Aunque aún no han concertado cuál es el pago mínimo que deben recibir por sus servicios, también la carta de derechos busca la justicia salarial.

En tercer lugar, aumenta la amenaza de la desprofesionalización en una era en que contratan a personas que desempeñan las mismas funciones de un trabajador social y le exigen los mismos requisitos, pero nombran el puesto de otros formas –técnico, coach, manejador de caso–, o contratan servicios por hora, lo cual reduce el salario y los beneficios marginales.

Incluso, añadió Alicea, colegas del trabajo social aceptan este tipo de plaza porque carecen de oportunidades laborales acorde a su formación. Ante esta realidad, la carta de derechos propone que existan una serie de funciones privativas del trabajo social para exigir que la profesión mantenga sus plazas y sus nombres correspondientes.

La carta de derechos también intenta subsanar otros matices oscuros de la realidad de los trabajadores sociales. Las condiciones físicas que derivan de sus empleos –dolores de cuello, de espalda, de cabeza, nerviosismo, tensión, ansiedad, problemas de sueño, memoria y concentración-, así como los diagnósticos que se tienen que imponer para cobrar el seguro, la disminución de los tiempos de sesión o las evaluaciones por criterios político partidistas.

‘En un país tan frágil, producto de las tensiones que impactan principalmente los grupos que históricamente han sido excluidos y oprimidos, garantizar los derechos de profesionales que brindan servicios a esos grupos es trascendental para poder movernos al país que queremos’, concluyó Alicea.