La Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ) emitió el martes un informe parcial de la investigación sobre la transacción entre las Empresas Ramallo y el exalcalde, Jorge Santini, en la que establece que el contrato de arrendamiento que mantiene al ayuntamiento pagando por una emisión de $55 millones en bonos de renta al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), es nulo.

Asimismo y por voz de la presidenta, Yolanda Zayas Santana, se recomendó a la alcaldesa de San Juan, CarmenYulínCruz Soto, que radique un recurso legal para que las empresas Ramallo y/o cualquier otra persona natural o jurídica responsable, incluyendo al banco que financió la transacción de compra venta del complejo Ramallo International Center (RCI), a que le restituya al Municipio íntegramente el precio de compra que pagó por la propiedad.

‘Esta Comisión Total está convencida de que la compraventa del inmueble entonces conocido como Ramallo International Center y su posterior arrendamiento al mismo Ramallo es una transacciónnulaconforme a la Ley Núm.458-2000, según enmendada. Esto es así porque Ramallo no sometió la declaración jurada que exige el Artículo 7 de dichaley sobre la convicción o no de ciertos delitos contra el erario o la función pública’,dijo el martes en conferencia de prensa la presidenta de la LMSJ, Zayas Santana.

La Comisión Total se reunió en la mañana en el hemiciclo legislativo y acordó acoger las recomendaciones que hicieran los licenciados Harold Vicente y Omar Sánchez Pagán, en torno a la nulidad de un contrato que hasta la fecha le ha costado sobre $5.6 millones a la administración municipal. Además, el municipio ha dejado de cobrar las contribuciones sobre la propiedad a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)que ascienden a cerca de$3millones.

‘Recomendamos a la administración municipal, por medio de su alcaldesa o el funcionario correspondiente,quepresente un recurso judicial para que un tribunal declare nulo los contratos de compraventa y arrendamiento suscritos entre Ramallo y el Municipio. Además, que se suspendan los pagos de los bonos de rentasautorizados por la Ordenanza Núm. 23, Serie 2010-2011, mediante los cuales se financió la Transacción’, destacó la Presidenta.

Ramallo y su principal accionista fueron convictos de diversos delitos federales en el 2007, entre ellos representación falsa, fraudulenta o ficticia ante dos agencias gubernamentales de protección ambiental.No hay evidencia de que hayan sometido declaración jurada informando ese hecho al municipio en el proceso de la transacción, lo que es un requisito de la Ley 458.

El tracto de la transacción de compra venta y posterior arrendamiento tomó forma en una ordenanza de la pasada Legislatura Municipal con fecha del primero de noviembre del 2010, la que autorizó al Municipio a emitir $55 millones en bonos de renta para adquirir la propiedad conocida como RIC, un parque industrial localizado en la carretera PR-1, en el barrio Quebrada Arenas en San Juan

El entonces subdirector ejecutivo de servicios gerenciales y director de la Oficina de Finanzas interino, Francisco J. Peña Montañez, justificó la medida alegando que se estaba adquiriendo una propiedad a buen precio para atender necesidades particulares en el área de operaciones e ingeniería y ‘apoyar un empresario a que pueda reestructurar sus operaciones en una transacción que sea beneficiosa para el Municipio y para ellos, y que pueda seguir operando y aportando como tal’.

Durante el proceso de esta investigación, que data de noviembre del 2014, esta Legislatura solicitó a Ramallo el original o copia de tal declaración jurada y Ramallo no la produjo. Por otro lado, en el expediente que obra en el Municipio tampoco obra original o copia de declaración jurada alguna sometida por Ramallo.

‘El problema es que Ramallo no cumplió con la Ley 458 yaúnasí, el Municipio toma prestado y se compromete apagar los bonos de renta al BGF’, explicó la Presidenta de la Legislatura Municipal.

La Legislatura recomendó además que ‘se le exija a Ramallo y a cualquier otra persona natural o jurídica responsable (incluyendo al banco que financió la transacción,FirstBank) a que le restituya al Municipio íntegramente el precio de compra que pagó por la propiedad y que Ramallo reciba de vuelta la propiedad.

Además, recomendó que ‘la actual administración municipal, por medio de su alcaldesa o el funcionario correspondiente, realice todas las gestiones necesarias ante el Banco Gubernamental de Fomento y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para que no se utilicen las remesas correspondientes al Municipio para el pago de tales bonos’.

‘Quiero dejar claro que la Comisión Total noha concluido su investigación sobre la transacciónRamallo-Santini. Pero, nos parece urgente descubrir – en momentos de profunda crisis económica – hallazgos de esta pesquisa que pueden procurar que se hagan los trámites de rigor para que seresponsabilizea quien no cumplió con la Ley…para que se procure la reparación de daños en los foros pertinentes si así lo entienden las autoridades de la ejecutiva municipal’, señaló Zayas Santana.

‘La mayoría de esta Legislatura repudia, con evidencia, una transacción que le ha costado millones al Municipio de San Juan’, concluyó la líder legislativa municipal.