El Departamento de Justicia radicó el miercoles 22 cargos contra el exvicepresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Jose Perez Canabal, su contable Roberto Torres Torres y el licenciado Francisco Santos por supuestos delitos cometidos mientras Perez Canabal ocupaba su cargo público y relacionados con el manejo de proyectos de energía renovable.

La prueba del Ministerio Público consiste de decenas de declaraciones juradas e incluye el testimonio del exdirector ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón.

La jueza Lourdes Camarero tiene a su cargo la evaluación de la prueba con la que se espera comenzar el procesamiento por delitos de fraude, intervención indebida en procesos gubernamentales y Ley de Ética.

Camareno pospuso hasta el martes la determinación de causa contra los tres hombres. Luego de un receso, la vista de causa terminó a las 12:20 sin una determinación debido a que la jueza necesitaba mas tiempo para ver la evidencia. La fiscal Vilmarie Rodriguez dijo que eso era normal.

Los abogados durante la vista solicitaron ver ciertos documentos anejados a las declaraciones juradas que se usan para determinar causa, dijo uno de los abogados de Carvajal, Jose Andreu. La fiscal alego que eso era parte del descubrimiento. Eso también retraso la decisión, supo NotiCel.

Quien fuera el vicepresidente de la Junta bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño, fue señalado en 2012 por la otorgación irregular de un millonario contrato a una compañía a la que se le vinculaba por estar incorporada con los mismos datos que su empresa Galexda Development.

Estas irregularidades fueron señaladas por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER), y reseñadas por este y otros medios, por lo que Torres Torres entabló una demanda por libelo. El incorporador de Tropical Farms, empresa a la que fue otorgado un contrato por $190 millones para un proyecto de energía renovable, Torres Torres, es el contador público autorizado de Pérez Canabal, pero el exfuncionario siempre negó que fueran socios.

El exmiembro de la Junta tuvo que abandonar su puesto luego de que Fortuño pidiera su renuncia. Además, fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental al igual que el Departamento de Justicia. Asimismo, la demanda que entabló contra los medios fue desestimada luego de que la jueza Sonia Santana Sepúlveda entendiera que la información publicada era correcta, y que la prensa no podía ignorar conferencias con información de alto interés público por esperar los resultados de una investigación del gobierno.

En julio del año en curso, las oficinas de contador Torres Torres fueron allanadas por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en relación a una investigación en curso sobre los contratos de energía renovable de la Autoridad de Energía Eléctrica que lleva a cabo Justicia.