Los sindicalistas Víctor Villalba y Eric Sevilla adelantaron el jueves la radicación de demandas adicionales contra la Ley 3 de Retiro.

‘Hay empleados de la Autoridad de Acueductos, del Banco Gubernamental de Fomento, Compañíá de Fomento Industrial, Edificios Públicos, alrededor de diez corporaciones de gobierno’, dijo Villalba, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

Según Villalba, a pesar de que los casos previamente radicados contra la Ley 3 fueron desestimados en el Tribunal de Primera Instancia, entiende que hay argumentos legales adicionales para impugnar el estatuto.

De igual forma la Unión General de Trabajadores (UGT) radicó una demanda para impugnar dicha Ley.

‘Nosotros estamos preparados para que el caso se vea en el Tribunal Supremo’, dijo Eric Sevilla, de la UGT.

La jueza Giselle Romero García denegó a principios de semana la petición de seis demandantes que combatieron la constitucionalidad de la Ley 3-2013, la cual introdujo cambios al Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para añadir años de servicio y reducir beneficios.

Aún se espera por una opinión del alto foro judicial, el Tribunal Supremo.