Las órdenes de arresto se diligenciaron esta mañana mediante el operativo «New Kids».

Miembros de una pandilla criminal de Bayamón fueron acusados por la fiscalía federal por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, y violaciones a la ley de armas, anunció hoy W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

La investigación fue liderada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Fuerza de Choque de la Policía de Puerto Rico en Bayamón y la Administración de Control de Drogas (DEA), con la colaboración del Servicio de Alguaciles de EE.UU., la Policía Municipal de Bayamón, la Policía Municipal de Guaynabo y las Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP AMO).

“Hoy es el aniversario del 11 de septiembre – el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense, que cobró la vida de casi 3,000 inocentes. Tras ese ataque, los estadounidenses nos unimos con determinación y voluntad para enfrentar a quienes buscaban hacernos daño. Hoy enfrentamos otra amenaza a nuestras comunidades – proveniente de carteles criminales – ahora designados como organizaciones terroristas extranjeras – que inundan nuestras calles con fentanilo, otras drogas mortales y violencia. En los últimos años, las muertes por sobredosis, en su mayoría por fentanilo, han promediado más de 100,000 al año. Así como el 11 de septiembre exigió una respuesta nacional, el costo de la violencia de pandillas y el narcotráfico en nuestras comunidades exige acción y unidad,” dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.

La acusación alega que desde 2019 hasta el presente, los 49 acusados trabajaron como parte de una organización de narcotráfico conocida como “Bin Laden Records”, que distribuía drogas ilegales para obtener ganancias significativas — incluyendo heroína, crack (base de cocaína), cocaína, marihuana, fentanilo, Oxycodona (Percocet) y Alprazolam (Xanax) — todo dentro de 1,000 pies del residencial público Virgilio Dávila, y dentro de 1,000 pies de una escuela pública o privada y/o un parque infantil.

Los documentos de acusación además alegan que cuando los miembros de la pandilla percibían amenazas contra la organización o sus integrantes, incurrían en actos violentos, incluyendo, pero sin limitarse al asesinato, para protegerse a sí mismos y a la organización.

También transportaban, distribuían y obtenían ganancias del tráfico de kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos continentales. Los acusados también participaban en el tráfico de armas de fuego y municiones ilegales. Como parte de la operación de los puntos de drogas, los acusados y sus co-conspiradores obstruían y retrasaban el trabajo de los agentes del orden bloqueando la entrada principal del residencial Virgilio Dávila con carritos de compras.

Los acusados desempeñaban distintos roles para adelantar los objetivos de la conspiración de narcotráfico, incluyendo líderes, dueños de puntos de droga, gatilleros, corredores, vendedores, vigilantes y facilitadores.

Dieciséis de los acusados enfrentan además un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo a un delito de narcotráfico y cinco de esos acusados enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora en apoyo a un delito de narcotráfico. De ser convictos, todos los acusados están sujetos a una confiscación de bienes relacionados con narcóticos por la suma de $50,735,000.

De ser convictos por los cargos de narcotráfico, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años a cadena perpetua. De ser convictos tanto de narcotráfico como de violaciones a la ley de armas en el Cargo Siete, los acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 15 años a cadena perpetua. Los acusados imputados de posesión de ametralladoras en el cargo ocho enfrentan una sentencia obligatoria de 30 años de prisión, a cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta por los cargos de narcotráfico.