La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que los documentos requeridos forman parte de un sumario fiscal y están protegidos.

El Departamento de Justicia notificó en días recientes al Senado que no entregará información relacionada a la investigación que se hiciera en torno a la ahora secretaria de la Familia, Suzanne Roig, en el contexto de un contrato por $60,000 que autorizara para el cuido de un solo paciente de salud mental mientras se desempeñó como directora de la División de Servicios de Personas con Discapacidad en el Departamento de Salud.

El Senado actuó a través de una petición de información del portavoz popular Luis Javier Hernández. Roig autorizó el contrato a favor del centro de cuido Hacienda Don Luis, pero supuestamente con la condición de que casi la mitad del pago se destinara a otro proveedor llamado One Source Investigations para la atención especializada del paciente.

Esta conducta de Roig provocó que fuera referida por su entonces jefe en Salud, el secretario Carlos Mellado.

La información sobre la investigación en torno a la figura de Roig fue revelada primero por el programa Rayos X. Esta semana el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz dijo a la prensa que el cuerpo legislativo examinaría el asunto.

En una misiva de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, dirigida a la secretaria del Senado, Jenniffer Martínez Hayer, indica que el poder de investigación del Senado no es absoluto y está supeditado al acceso a información confidencial, privilegios evidenciarios y el principio de separación de poderes.

Gómez se ampara en las reglas de evidencia y ley orgánica de Justicia al indicar que la información recopilada «con fines investigativos es confidencial» y señala que una ley permite que una entidad gubernamental «puede denegar la divulgación de información cuando así lo disponga una ley».

«La regla 514 de las Reglas de Evidencia reconoce el privilegio del Estado de no divulgar información oficial cuando su divulgación sea contraria al interés público», señala Gómez al insistir que el sumario fiscal está protegido.

«El expediente solicitado, incluyendo declaraciones juradas, anejos documentales e informes internos, constituye material protegido por privilegios legales y evidenciarios, por lo que no procede su divulgación», sostuvo la titular de Justicia.

El senador Hernández incluyó en su petición de información que se le entregara copia «del expediente» relacionado a la pesquisa en Justicia y se anejaran declaraciones juradas, contratos gubernamentales y también el informe rendido por la División de Integridad Pública en que se concluyó que se debía archivar la pesquisa contra Roig.