Según el informe de la contralora, la ADSEF realizó cerca de 990,000 pagos del PAN por alrededor de 151 millones de dólares a más de 38,000 participantes fallecidos entre 2017 y 2024.

La contralora, Carmen Ana Vega Fournier, informó el jueves, sobre la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, para la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.

“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

Según el informe, la ADSEF realizó cerca de 990,000 pagos del PAN por alrededor de 151 millones de dólares a más de 38,000 participantes fallecidos entre 2017 y 2024.

Una muestra de casos reflejó pagos por aproximadamente 1.6 millones de dólares, donde la mayoría de los expedientes ya estaban cerrados, pero aún quedaban casos activos que continuaban recibiendo beneficios pese al fallecimiento de los beneficiarios. Además, se identificaron pagos a familias donde algún integrante había muerto antes de ajustarse los beneficios.

Mencionó que el informe, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.

“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, sostuvo.

“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” sentenció.

El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.

“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización.  Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.

El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.

De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.