Alega que el costo diferenciado entre residentes y no-residentes podría violar la Ley de Derechos Civiles.

El comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, dijo hoy a Noticel que se opone al aumento aprobado por la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) que impactaría el sistema de transporte marítimo entre Ceiba, Vieques y Culebra. Esto, a pesar de que el aumento no afecta a los residentes y permite que los alcaldes utilicen su discreción para otorgar una exención a aquellos comerciantes que puedan afectarse adversamente.

El gobierno ha extendido múltiples veces el plazo para que entre en vigor el nuevo costo que sería de $11.25 por viaje y se supone que comience el 1 de mayo.

El comisionado residente defendió su postura expresada en recientemente cuando argumentó que el esquema tarifario propuesto por el gobierno podría ser discriminatorio contra las personas no-residentes. Hernández Rivera no pudo precisar ejemplos concretos de programas tarifarios similares que hayan sido declarados ilegales.

“No existe una prohibición automática contra tarifas diferenciadas, pero sí hay precedentes en Estados Unidos donde decisiones de transporte que afectan desproporcionadamente a ciertas comunidades han sido impugnadas y corregidas”, sostuvo en declaraciones escritas a NotiCel.

El argumento del discrimen fue incluido en días recientes en una carta que firmó Hernández Rivera y que fue suscrita igualmente por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros. La misiva fue enviada a la Administración Federal de Transito (FTA, por sus siglas en inglés) para que examinara la legalidad del aumento. Ayer la gobernadora anunció la firma de una orden ejecutiva aplazando la entrada en vigor del aumento por 30 días.

La FTA, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado la carta.

La modificación en la tarifa, que planeaban poner en vigor hoy, significaría que el viaje aumentaría de $4.00 (Vieques) y $4.50 (Culebra) ida y vuelta a $22.50. Esta nueva tarifa aplicaría solo a no residentes. Para ser elegibles para obtener el descuento en la tarifa los residentes bona fide se validan mediante la participación en un registro que mantiene el gobierno.

Los opositores han señalado que esta decisión aumentará todos los costos en las islas municipio de Vieques y Culebra aun cuando no ha presentado ningún estudio económico que así lo valide.

En la comunicación suscrita por los congresistas se plantea que ATI opera el sistema utilizando al menos cuantro lanchas que fueron financiadas con fondos federales. Incluso, la misiva detalla que ATI recibió $11.9 millones en fondos federales en el 2024 para comprar una lancha nueva de pasajeros.

“Este financiamiento está atado a ciertos objetivos y requerimientos legales que las propuestas tarifas del ferry podrían contradecir”, lee la carta. En concreto, señalan que, si bien la intención de la asignación de fondos era aumentar el flujo de pasajeros, el incremento en la tarifa podría provocar lo contrario al reducir la cantidad de viajeros en 52.26%. Esa cifra proviene del informe del oficial examinador que atendió en el 2018 el proceso de vistas públicas de ATI.

Añadieron que la tarifa distinta a no residentes podría ser discriminatoria y afectaría, además de a turistas, a personas que se mueven a las islas municipio a diario para hacer negocios o visitar familiares.

“El primer paso para delinear una solución concreta es saber qué se puede hacer conforme a la ley federal, y eso es lo que buscamos con esta carta. A largo plazo, la solución tiene que asegurar que los viequenses y culebrenses no se vean adversamente afectados por los cambios en las tarifas”, sostuvo Hernández Rivera.

En la carta de los congresistas se señala que, con la tarifa diferenciada, se podría violar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. “El Título VI prohíbe el discrimen en programas que reciben asistencia federal. Dado que el sistema de transporte marítimo recibe fondos de la FTA, cualquier política que establezca diferencias significativas en tarifas debe evaluarse para determinar si tiene un efecto discriminatorio, aunque no sea intencional o busque ayudar a un grupo que necesita y merece esa ayuda”, indicó el también presidente del Partido Popular Democrático.

Aunque no pudo citar precedentes en que se hayan declarado ilegales tarifas diferenciadas, sí mencionó una instancia en que se cuestionó la capacidad de un condado para ajustar tarifas que afectarían desproporcionadamente a comunidades pobres.

“En el caso de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, cambios en tarifas y servicio fueron cuestionados por su impacto en comunidades de bajos ingresos, lo que obligó a ajustes para garantizar mayor equidad. Por eso, la FTA requiere análisis bajo el Título VI antes de implementar cambios significativos que puedan afectar a los usuarios. Nuestra posición es clara: que se cumpla con ese proceso antes de tomar decisiones”, sostuvo.

Javier Colón Dávila colaboró en esta nota.