El juez federal Jose A. Fuste se retiró esta tarde a deliberar su decisión en la demanda que Walmart Puerto Rico sometió contra el Departamento de Hacienda (DH) para declarar inconstitucional la Ley 72, que aumentaría la responsabilidad contributiva que la mega tienda tiene que asumir con el Gobierno.

En horas de la mañana, la defensa sufrió un serio revés luego de que la abogadaSusan Seabrook, presentara el testimonio de su último testigo, Stanley Langbein, profesor de leyes en la Universidad de Miami en Florida y experto en impuestos internacionales, transacciones comerciales y de política contributiva.

Seabrook intentó establecer a través del testimonio de Langbein que la mega corporación realmente tiene opciones para atajar el impacto del impuesto que promulga la Ley 72 y que, según Walmart, afectaría las operaciones de la empresa a tal grado que los obligaría a salir de Puerto Rico.

El testigo atacó directamente a la empresa asegurando que son parte de un esquema de abuso de precios de transferencia.

‘Los problemas con el abuso de precios de transferencia se ven más comúnmente en compañías que generan gran cantidad de ganancias’, indicó el experto.

‘No estoy de acuerdo con el argumento de que la Ley 72 es discriminatoria. La ley no le impone impuesto a compañías competidoras, ambas (Walmart Puerto Rico y Walmart, Inc.) son la misma compañía’, argumentó señalando que la Ley 72 no impide el comercio interestatal.

El testigo aseguró además que la intención del DH –y la del Secretario- no era penalizar a Walmart por ser la corporación que mayores ingresos genera en la Isla, sino que la ley buscaba regular el movimiento de ganancias de compañías grandes fuera de Puerto Rico a la vez que los impuestos son la única fuente de ingresos que tiene el Estado.

Sin embargo, Joseph Grinstein, uno de los abogados de Walmart, desarticuló los argumentos del testigo utilizando la transcripción de la ponencia del secretario del DH, Juan Zaragoza Gómez, ofrecida ayer ante el Tribunal.

‘Usted aseguró en su testimonio anterior que la intención del Gobierno no fue crear un impuesto especialmente para Walmart sin embargo, el Secretario del DH ayer contestó afirmativamente a esa pregunta. Cómo es posible esto? Usted afirma que el Gobierno de Puerto Rico creó la Ley 72 para evitar el problema de movimiento de ganancias, sin embargo usted acaba de decir que no tiene conocimiento de que en Puerto Rico haya alguna compañía haciendo esto. Entonces, es inconsistente hacer una ley para bregar con un problema que no existe en Puerto Rico, correcto?’, argumentó Grinstein a lo que el testigo se mostró evasivo y ambivalente, asegurando que no podía contestar la pregunta.

‘Usted admitió en su testimonio que durante los años 2012 al 2015, los ingresos de Walmart Puerto Rico eran bajos y que esos ingresos bajos despertaron en su mente suspicacia de que Walmart podría estar moviendo sus ganancias. Entonces, cómo Walmart está sacando 100 millones de dólares en ganancias a los Estados Unidos si su precio de transferencia es de 715 millones?’, cuestionó el abogado a lo que el testigo contestó con evasivas.

El juez Fusté llamó la atención de Langbein-quien durante el contrainterrogatorio se mostró incómodo y confundido- para que contestara las preguntas directamente y sin rodeos.

‘Necesito que conteste las preguntas que el abogado le hace de manera directa o tendré que sacarlo del estrado’, señaló Fusté visiblemente molesto.

Finalmente, el abogado del Estado, José Luis González Castañer, volvió a someter a la consideración del Juez la petición de desestimación del caso en base a un conflicto de jurisdicción ya que la Ley estipula que cualquier reclamación que un contribuyente quisiera someter debería hacerlo a través del Tribunal de Primera Instancia.

‘Según los principios de leyes administrativas en Puerto Rico, se necesita extinguir cualquier remedio administrativo. Walmart tiene acceso inmediato a las cortes de Puerto Rico y presentar la misma reclamación’, argumentó González Castañer a lo que Neil Manne, principal abogado de Walmart ripostó.

‘Walmart no puede conseguir un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia. No podemos tener una solución sencilla, rápido y eficaz si llevamos este caso a los tribunales locales porque la prueba que presentamos muestra claramente que tomaría años según los datos que analizó nuestro experto’, indicó Manne.

El juez Fusté declinó conceder la petición de desestimación del caso y dará su falló por escrito una vez termine su deliberación.