Los departamentos de la Familia y Educación consideran que la iniciativa es una herramienta orientada al bienestar social.

En respuesta a los desafíos sociales que enfrenta la Isla, el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación dieron su respaldo a un proyecto de ley que propone la creación del programa “Comunidad Vida Integra, Valores Activos” (Comunidad VIVA).

La iniciativa, gestionada a través de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) busca fomentar los valores y resaltar la importancia de la familia en el desarrollo de los menores para promover la salud mental.

El programa Comunidad VIVA contempla la realización de actividades y talleres enfocados en la educación en valores. Esto, con el objetivo de reducir la deserción escolar y mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes. La propuesta, además, tiene en cuenta la diversidad de modelos familiares, incluyendo a aquellos menores que crecen en hogares no convencionales o que enfrentan la ausencia de sus padres y plantea la inclusión de un sistema de mentoría.

Según explicó Keysla González Domínguez, subdirectora ejecutiva de ODSEC, durante una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, la finalidad es convertir el proyecto en una política pública que pueda implementarse en todo Puerto Rico y manteniéndose activo durante todo el año.

La directora de asesoramiento legal del Departamento de la Familia, Nicole Báez, reiteró el respaldo institucional y propuso ampliar el lenguaje del proyecto para abarcar no solo a los padres, sino también a madres, abuelos u otros tutores responsables de la crianza de los menores. “La sociedad ha cambiado y existen múltiples tipos de familias: madres solas, padres solos, abuelos criando nietos… Es importante que el proyecto no recaiga únicamente sobre la figura paterna”, subrayó Báez.

Mientras que el Departamento de Educación, destacó la coherencia del proyecto con el currículo escolar, especialmente en lo relativo a la promoción de valores como la equidad, el respeto y la responsabilidad.

Asimismo, propuso establecer los requerimientos para el reclutamiento de mentores y que se consolide el propósito de apoyar a las familias y las comunidades.

 “A través del acuerdo colaborativo que llevemos a cabo, nos sentaríamos con todos los componentes y agencias que estarían colaborando y recomendar los requerimientos para reclutar los mentores que no sea solo el certificado de antecedentes penales y Ley 300. Podemos pedir quizás algún ensayo a la persona que quiera colaborar y pertenecer al equipo de voluntarios. Entendemos el Departamento de Educación

El programa también contempla la colaboración la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) con quienes mantienen iniciativas de prevención relacionadas con la salud mental y consumo de sustancias controladas.

“Tenemos varios programas en las comunidades donde tratamos de sacar a las personas de la extrema pobreza dándoles herramientas para que ellos mismos se empoderen y salgan hacia delante. De esta manera también podemos implementar este programa. Porque, qué familiar no quiere que sus hijos no echen hacia delante”, apuntó González.

Durante la discusión legislativa, los representantes Yashira Lebrón, Roberto López y Luis Pérez Ortiz, expresaron su apoyo al proyecto y se ofrecieron a colaborar en su implementación. 

La propuesta busca fortalecer y empoderar a todas las familias y comunidades, evitando la estigmatización de cualquier modelo familiar y promoviendo la integración social mediante la educación en valores y el apoyo emocional.

 “Si el mensaje es claro y se lleva a todo Puerto Rico, estoy seguro de que muchas comunidades van a querer entrar al programa de forma voluntaria”, expresó, por su parte, el representante Ricardo Rey Ocasio, presidente de la comisión.

 Entre tanto, el representante Ángel Fourquet planteó dudas sobre los recursos fiscales necesarios para atender a las comunidades, ante lo cual ODSEC se comprometió a presentar un informe presupuestario estimado en un plazo de diez días.