Rivera Schatz y Johnny Méndez afirman que respetan la decisión de González Colón y esperarán al comité que evaluará alternativas.

Los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, afirmaron este jueves que no irán por encima del veto emitido por la gobernadora Jenniffer González Colón al Proyecto de la Cámara 420, que buscaba congelar el impuesto al inventario por tres años, y que esperarán por las propuestas del comité que la mandataria anunció como parte de su nueva versión de la medida.

“Creo que aquí lo más importante, y quiero recalcarlo, es que la Cámara de Representantes, y entiendo que el Senado de Puerto Rico también, no vamos a ir sobre el veto de la Gobernadora. Nosotros respetamos su decisión, la acatamos, y vamos a trabajar con lo que tenemos ahora por delante”, expresó Méndez durante una conferencia de prensa conjunta.

Rivera Schatz coincidió al precisar que “no proponemos ir sobre el veto del proyecto de la Cámara 420” y añadió que la Legislatura esperará a que el comité creado por la gobernadora produzca propuestas específicas para evaluar.

“Me imagino que debe ser parecido al Comité de Reforma Contributiva, al Comité de Energía o al Comité de Permisos que la Gobernadora radicó. Estamos esperando todavía la reforma contributiva, el tema energético, el de los permisos… y ahora también este asunto del impuesto al inventario”, sostuvo con su característico tono irónico.

Ambos líderes recalcaron que el nuevo proyecto de administración, radicado como el Proyecto de la Cámara 955 y el Proyecto del Senado 836, es “virtualmente idéntico” al texto vetado por el Ejecutivo, salvo por algunas variaciones.

“La señora gobernadora de Puerto Rico envió un proyecto de administración que es prácticamente idéntico al 420, con algunas variaciones, que en el caso del Senado es el 836 y en la Cámara es el 955”, explicó Rivera Schatz.

A su juicio, la nueva versión no aporta diferencias sustantivas respecto a la medida original, ya que mantiene la misma estructura de congelación, aunque la extiende de tres a cinco años, y tampoco incluye el comité anunciado públicamente.

“En el proyecto nuevo no hay ninguna propuesta específica, y tampoco está incluido el comité que la gobernadora anunció que iba a estar manejando esto. Mientras no llegue la propuesta de ese comité, constituiría una pérdida de tiempo, porque no estamos moviéndonos en ninguna dirección”, añadió.

El líder senatorial insistió en que el proyecto vetado fue una pieza legislativa “completa y responsable” que establecía fechas concretas para la presentación de alternativas sin imponer impuestos nuevos.

“Decir que el 420 eliminaba de inmediato el impuesto alimentario no es correcto. Lo que hacía era congelarlo por tres años y establecer una fecha específica para presentar legislación que identificara fuentes de sustitución. En esencia, eso es lo que quedó redactado”, sostuvo. Recalcó además que la versión ahora presentada por La Fortaleza “pone una fecha de junio para establecer alternativas, por lo tanto, técnicamente hace lo mismo que el 420, solo que sin incluir garantías ni mecanismos específicos”.

Por su parte, Johnny Méndez recordó que la Legislatura lleva años trabajando medidas para atender este asunto.

“Llevo años radicando proyectos para la eliminación del impuesto alimentario, desde el 2009, 2013, 2017, 2020 y 2024. Esta Asamblea Legislativa fue más asertiva: congelamos por tres años el impuesto y garantizamos que los municipios no perdieran ni un solo dólar. Eso nos daba espacio para buscar alternativas sin cargar al consumidor”, explicó. Méndez insistió en que el impuesto al inventario “es un gravamen regresivo” que afecta directamente la disponibilidad de abastos en emergencias.

“Todos vivimos la falta de suministros tras María y la pandemia. Todavía hoy hay que esperar semanas por una pieza o equipo. Por eso entendíamos que habíamos aprobado un buen proyecto, responsable y balanceado”, sostuvo.

El nuevo Proyecto de la Cámara 955, radicado hoy con el aval de los 78 alcaldes de Puerto Rico, mantiene la intención de sustituir el impuesto, pero difiere en su alcance. La medida congela por cinco años la imposición contributiva sobre el inventario y dispone que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) envíe informes semestrales a la gobernadora, quien deberá presentar una propuesta legislativa sobre alternativas de sustitución a más tardar el 1 de junio del año en que culmine el periodo de congelación. Según su exposición de motivos, la medida busca aliviar la carga contributiva sobre los comerciantes e incentivar el mantenimiento de mayores abastos de productos, sin afectar los recaudos municipales. Además, faculta al Departamento de Hacienda a compartir con el CRIM información agregada de las planillas contributivas, con el fin de determinar correctamente el valor del inventario y la contribución sobre la propiedad mueble.

Aun así, tanto Méndez como Rivera Schatz sostuvieron que el nuevo texto carece de propuestas concretas y que la Legislatura no atenderá legislación “sin objetivos claros”.

Las expresiones de ambos presidentes legislativos contrastan con las de la gobernadora, quien en la mañana anunció su veto al Proyecto 420 y la radicación inmediata de una nueva versión con el respaldo de los 78 alcaldes, enfatizando que “por primera vez en 20 o 30 años los municipios están de acuerdo en una medida que afecta sus finanzas”. González Colón insistió en que su propuesta de congelación por cinco años permitirá diseñar un plan de transición ordenado para sustituir el impuesto con fuentes de recaudo sostenibles. Sin embargo, en el Capitolio, la reacción fue de cautela. Los presidentes legislativos evitaron confrontación directa, pero dejaron entrever su escepticismo sobre el proceso.

“Nosotros respetamos la decisión de la Gobernadora y la acatamos, pero ahora corresponde a ese comité presentar algo concreto. Sin eso, no hay nada que atender”, resumió Méndez.

Aunque el veto puso fin a una semana de tensión política, la controversia sobre el futuro del impuesto al inventario sigue más viva que nunca.

Así las cosas, la Legislatura no se moverá a contradecir a la gobernadora, pero tampoco se quedarán de brazos cruzados. Con el proyecto congelado y un comité aún por comenzar, el desenlace de esta pugna institucional dependerá de si la nueva propuesta de González Colón logra convencer a los mismos líderes que hoy decidieron no entrar en lucha con ella.