La pesquisa está consignada en el expediente de un caso de armas que se le presentó a un contratista que hizo trabajos en la propiedad de los suegros de la gobernadora.

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI) mantiene una pesquisa criminal relacionada a la gobernadora Jennifer González Colón y a la caseta propiedad de sus suegros en La Parguera, para la cual allanaron la residencia de un contratista que realizó los trabajos allí por los cuales el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) propuso una multa de $25,000.

El hecho lo consignó el magistrado federal Marshall Morgan en una orden con la que mantuvo preso sin fianza al contratista Daniel García Martín, por considerarlo un peligro a la comunidad. El contratista no está bajo arresto por ningún asunto relacionado con la caseta o la mandataria, sino porque se le sorprendió en posesión de armas de fuego, lo que está prohibido para personas como él, que tienen antecedentes de delitos graves.

El senador independiente Eliezer Molina Pérez había divulgado primero el arresto del contratista, ocurrido el 20 de octubre. Luego, el martes pasado, el programa Cuarto Poder reveló los cargos federales contra García Martín y el senador les indicó que fue la misma persona a quien encontraron haciendo trabajos en la caseta de los suegros de la gobernadora cuando hizo la denuncia inicial de la construcción ilegal.

“Este asunto surge de un allanamiento que realizó el FBI en la residencia del acusado mediante una orden autorizada judicialmente. La orden derivó de una investigación de cuello blanco no relacionada que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y a una propiedad que pertenece a su familia”, indicó el magistrado Morgan en su orden de detención del 23 de octubre.

Ese día se realizó una vista en la que la defensa pidió condiciones de fianza, pero la fiscalía federal se opuso. La relación del arresto con la investigación de la gobernadora no estaba divulgada en ningún documento del caso hasta ese momento, por lo que pudo ser un detalle que surgió en las argumentaciones sobre la fianza.

Las irregularidades sobre la caseta propiedad del matrimonio José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera son materia de discusión pública desde 2023 y fueron fuente de confrontación durante la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el entonces gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, y la entonces comisionada residente, González Colón.

En diciembre de 2023, el DRNA propuso una multa administrativa de $25,000 por daños a los mangles y la construcción ilegal de una terraza y tablado para la cual habían puesto 30 pilotes en área protegida por ley federal. Cuando González Colón se convirtió en gobernadora en enero pasado, la primera acción de su secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, fue emitir una orden con la que las construcciones ilegales en La Parquera se podían legalizar y con la que los casos pendientes, como el del matrimonio Vargas Llavona, podían ser desestimados. Además, entre los primeros proyectos legislativos de su administración, la gobernadora sometió uno con el mismo propósito de la orden del DRNA, legalizar la permanencia de las casetas en La Parguera.

En cuanto al caso contra García Martín, un gran jurado emitió acusación el mismo 23 de octubre, por lo que lo próximo es el juicio ante el juez Raúl Arias Marxuach, quien no ha señalado fecha.

Según la orden de Morgan, durante el allanamiento en la residencia los agentes encontraron en su dormitorio tres armas de fuego y 143 municiones del mismo calibre de las armas. El hombre de 67 años admitió que eran de su propiedad, aunque las calificó de “antigüedades” y resaltó que las municiones estaban metidas en una media. Además, se le ocupó $104,000 en efectivo, que su defensa aseguró eran sus ahorros de vida. El allanamiento lo realizaron oficiales al mando del agente Baltazar Jiménez, asignado a investigaciones de corrupción pública en el FBI de San Juan.

Los oficiales probatorios indicaron que el ahora bisabuelo, con cuarto grado de estudios, sin pasaporte y cuidador del padre de su compañera consensual, podía permanecer libre bajo fianza con condiciones. Pero el juez tomó en cuenta su historial criminal “extenso y violento” para decidir que no.

El récord criminal refleja que tiene dos condenas por asesinato, uno cometido a los 14 años y otro a los 40. La víctima del primero aparentemente fue su padrastro, quien abusaba de su madre, y la víctima del segundo pudo haber sido su compañera consensual. Su propia abogada dijo en la vista que el segundo asesinato fue un apuñalamiento mientras el acusado estaba bajo la influencia del crack. Esto, a manera de contradecir las alegaciones de que ese segundo caso incluyó posesión ilegal de armas de fuego.

También, en 2011, García Martín enfrentó una denuncia por amenaza, que fue desestimada.

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