El registro de multas en vehículos usados es un problema que, en ocasiones, representa en miles de dólares para los nuevos titulares.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) se expresaron a favor del Proyecto del Senado 694, que busca establecer un marco legal para proteger a los compradores de autos usados en caso de multas administrativas o de tránsito emitidas antes de convertirse en el titular registral del vehículo.

La medida, de la autoría del senador Héctor Gabriel González López, fue presentada durante vista pública ante la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, presidida por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

“Cuando compramos un vehículo, pensamos que quien lo vende lo hace con la mayor buena fe. Pero en ocasiones nos topamos con que ha acumulado multas que en ocasiones representan miles de dólares. El P. de la S. 694, busca atender un problema que estamos teniendo frecuentemente en los Centros de Servicio al Conductor (CESCO), donde cuando se hace una compraventa de un vehículo usado, el nuevo titular del vehículo se encuentra unas semanas, meses y hasta años más tarde, con un registro de multas que no le pertenecen”, explicó González en entrevista con NotiCel.

De acuerdo con el senador, esto representa un problema para el propietario que entra en una especie de limbo en el sistema donde no puede realizar transacciones con la propiedad.

“Actualmente tenemos dos escenarios. Uno, cuando la venta del vehículo se da por parte de un concesionario de autos, la Ley 253-2012, ‘Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’, que obliga al concesionario a pagar esas multas. No obstante, dentro de todo ese proceso, el titular no puede realizar ninguna gestión hasta que no se paguen. No puede renovar marbete ni vender el vehículo ni nada más. El otro escenario es cuando la venta se realiza de una persona a otra y el nuevo titular encuentra las multas, debe apelar a la buena fe de quien le vendió para que esté dispuesto a pagarla. Si no lo paga, el nuevo titular no puede hacer nada con el vehículo”, explicó.

En ese sentido, la medida pretende resolver de forma directa el asunto, adjudicando las multas al titular del momento en que se emitieron y permitiendo al nuevo titular del vehículo hacer cualquier tipo de transacción sin obstáculos ni elementos sorpresas que atender.

Según funcionarios del DTOP, “este proyecto agiliza los procesos de traspaso, protege los intereses de las instituciones financieras y brinda seguridad jurídica al consumidor”.

A preguntas de NotiCel sobre si la medida también busca atajar la situación que provoca el retraso en la emisión tardía de multas, el senador señaló que “sabemos que el a taponamiento en los CESCO de Puerto Rico es un problema de muchos años, especialmente lo relacionado con las multas manuales. Hemos avanzado en el sentido de que ahora viene el sistema expide un boleto electrónico, donde la información va directo al sistema. Pero, según salió a relucir en la vista de hoy, el boleto electrónico no está siendo utilizado por la Policía Estatal de forma uniforme”.

Sobre este particular, indicó que se solicitó al CESCO sometiera información sobre cuantos municipios cuentan con el sistema electrónico y cuantos restan de instalar el mismo. 

“Lo que no queremos que siga ocurriendo es que cuando una persona compra un vehículo usado se encuentre con la sorpresa de que tiene multas”, insistió.

Asimismo, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, sostuvo que para quien adquiere un vehículo usado, la medida reduce la exposición a deudas, fantasmas de peajes y multas ajenas y evita bloqueos que impiden renovar el marbete o formalizar el traspaso. DACO, de hecho, también solicitó a la comisión investigar la implementación de la Ley 2-2016, “Ley de Tablilla Única”, que podría resolver parte de la problemática. 

“Entiendo que esta medida no debe tener problemas para su aprobación porque corrige una situación que se presenta todos los días en los CESCO y le hace justicia al consumidor puertorriqueño, incluso la población de adultos mayores que se encuentran en esta situación”, concluyó González.