La Oficina del Contralor lleva a cabo una ‘investigación especial’ para determinar si la pasada administración de San Juan cometió fraude en la implantación de ‘El Impuesto secreto del alcalde Santini’, que destapó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La contralora, Yesmín Valdivieso, designó a la auditora forense Luz Soto Cruz a cargo de la investigación. Desde el pasado 29 de enero la funcionaria revisa el establecimiento del Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) de San Juan, y el uso de más de $11.4 millones de dólares cobrados por medio de esa herramienta de planificación urbana, indica una carta de Valdivieso, a la que tuvo acceso el CPI.

La Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia confirmaron por separado que investigan a la administración del ex alcalde Jorge Santini por el mismo motivo, pero no emitieron otros comentarios sobre la pesquisa.

Designar un auditor forense ‘indica que la Oficina del Contralor entiende que pudo haber un tipo de violación que implica ilegalidad’, explicó Ileana Colón Carlo, quien fue contralora entre 1987 y 1997. ‘El enfoque de la auditoría cambia, no es una común y corriente. Va a buscar más testigos, documentos externos a los libros del Municipio, para tratar de demostrar que hubo un desvío de fondos. El asunto parece que tiene dos ruedas, manubrio y sillín. Ahora vamos a ver si la investigación termina en bicicleta’, comentó la ex contralora al CPI.

Valdivieso, nombrada contralora por el ex gobernador novoprogresista Luis Fortuño, investiga a la pasada administración novoprogresista de Santini por haber cobrado dinero a más de 1,116 personas, entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, a cambio de permitirles proyectos de construcción en San Juan, entre 2003 y 2013. El Municipio alegaba que los fondos irían a una cuenta especial para proteger 3,000 cuerdas de bosque en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de la Capital.

En la serie ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’, el CPI reveló que la gran mayoría de los cobros se hicieron ilegalmente, demostró que parte de las tierras ‘en conservación’ en realidad se habían destruido, y que el dinero no se estaba depositando en una cuenta especial como mandaba la ley.

Como respuesta, la nueva administración popular de San Juan canceló el programa del TDD, y Yolanda Zayas, presidenta de la actual Legislatura Municipal, confirmó lo revelado por el CPI en su serie: que un parte del dinero había sido depositado en las arcas del Municipio y usado ‘indiscriminadamente’ contrario a la ley. Del resto del dinero cobrado no tiene rastro. La Legislatura de San Juan hizo un referido a la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia en octubre de 2013.

En enero pasado, Valdivieso escribió una carta a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz pidiéndole la ‘máxima cooperación’ para la pesquisa, solicitando documentos como un organigrama con los nombres de empleados que trabajaban en el Municipio durante la administración Santini, certificaciones de pago del programa de TDD, informes de cobros y exenciones, entre otros.

El Artículo 264 del Código Penal de 2012 sanciona a todo empleado gubernamental responsable directa o indirectamente de fondos públicos, que los utilice para un fin no autorizado o contrario a la ley, o que los deposite en una cuenta sin autorización o de manera contraria a la ley, por catalogarlo como malversación de fondos.

El CPI trató de contactar a Jorge Santini a través de su relacionista Carlos Bermúdez, pero el ex alcalde no devolvió la llamada. En estos momentos el ex alcalde sostiene contratos de consultoría administrativa y servicios legales con los municipios de Gurabo y Orocovis. También se encuentra haciendo vida pública integrado al noticiario del mediodía del canal Univisión, con su segmento ‘El Cocotazo de Santini’, que comenta asuntos políticos y de actualidad.