En vista pública para evaluar una medida cuyo fin es prohibir cargos adicionales en transacciones con tarjetas.

La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, presidida por el senador novoprogresista Carmelo Ríos Santiago, celebró una vista pública para atender el Proyecto del Senado 675, medida que busca prohibir los cargos adicionales por el uso de tarjetas de crédito y débito en transacciones comerciales dentro de Puerto Rico.

Durante la vista, la Asociación de Bancos reiteró su oposición frontal al proyecto, al advertir que su aprobación tendría efectos negativos sobre el ecosistema de pagos.

La entidad sostuvo que los llamados ‘interchange fees’ no son comisiones abusivas, sino un mecanismo para balancear los riesgos que asumen los bancos emisores al procesar transacciones, como fraudes, impagos y protección de datos. Argumentó que implementar el proyecto obligaría a costosos cambios tecnológicos, generaría atrasos en los comercios y expondría a Puerto Rico a demandas judiciales similares a las registradas en Illinois y Colorado.

Por otro lado, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) reconoció la validez de la política pública que busca proteger a los consumidores, pero advirtió que, tal como está redactada, la medida podría ser impugnada en los tribunales federales al invadir un campo de regulación ya ocupado por leyes federales. También alertó que la propuesta podría alterar la eficiencia del sistema de pagos y derivar en efectos adversos para los consumidores, como mayores costos indirectos y limitaciones en los mecanismos antifraude.

Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) se mostró a favor del espíritu de la medida, al entender que promueve transparencia en las transacciones electrónicas y protege a los asegurados frente a cargos ocultos que reducen el valor de sus pólizas.

OCS enfatizó que los ‘swipe fees’ injustificados afectan de forma particular a los sectores de menores ingresos y pueden poner en riesgo la estabilidad de coberturas, especialmente en productos como microseguros.

En términos similares, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) reconoció la intención legislativa de garantizar equidad en el uso de métodos de pago modernos, pero aclaró que no endosa la medida como está redactada. Además, entiende que la propuesta expone a las cooperativas a posibles litigios onerosos en tribunales federales y llamaron a actuar con cautela para no poner en riesgo la solidez del movimiento cooperativista.

La vista dejó sobre la mesa que, aunque existe consenso en la necesidad de promover transparencia en las transacciones electrónicas, persisten diferencias sobre cómo debe regularse el sistema de pagos y cuáles serían las consecuencias para consumidores, comercios y la estabilidad del sector financiero.

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