La defensa de la orden giraba sobre que no la había hecho nadie del equipo de la gobernadora, sino que se había preparado en la Administración Pierluisi.

Entre los nombramientos judiciales que sometió ayer al Senado, la gobernadora Jenniffer González Colón incluyó el del licenciado Samuel Acosta Camacho como juez superior. Se trata del autor de la orden administrativa con la que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) legalizó violaciones ambientales en La Parguera, como las que tienen imputadas los suegros de la mandataria.

Firmar la orden fue de lo primero que hizo el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, el mismo día que la gobernadora lo designó al cargo. La indignación que provocó el acto fue la primera crisis de la administración que en esos días llevaba menos de dos semanas de inaugurada.

Al defender la orden, González Colón se concentró en separar su administración de su figura, indicando que nadie de su equipo la había trabajado y que la habían desarrollado durante la Administración Pierluisi, pero que la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega no la firmó para hacerle daño político a la mandataria.

“La información que tengo es que se había preparado en la agencia, así que desconozco quién la preparó en la agencia o qué división, pero cuando se la llevó a la secretaria, ella se negó a firmarla, pero se la prepararon sus propios empleados. Así que yo sé que la gente recibía instrucciones políticas en aquel momento. Papá Dios es tan justo, Papá Dios es tan bueno, que esa orden estuviera hecha allí por empleados de la agencia, y que la entonces secretaria se negara a firmarles es la mejor muestra de que esto tenía nombre y apellido”, al defender que el aviso de multa de $25,000 que el DRNA le presentó a sus suegros estaba motivado políticamente.

Luego, el Senado convocó a una comisión total para cuestionar a Quiles Pérez sobre el documento y este consignó que lo había escrito Acosta Camacho, y que lo evaluó por dos horas antes de firmarlo. Dijo también que el funcionario lo había preparado a petición del exsubsecretario, Roberto Méndez Martínez.

Cuando Quiles Pérez pidió un receso en la comisión total, el lente de NotiCel lo captó conferenciando con Acosta Camacho. Este funcionario ha tenido varias posiciones en la cúpula del DRNA desde el último año de la Administración García Padilla, incluyendo jefe de Legal, ayudante del secretario y jefe de Oficiales Examinadores.

Tras la firma de la orden, la gobernadora envió a la legislatura un proyecto, el número tres de su administración, para convertir en ley lo que dispone la orden, pero solo la Cámara de Representantes lo ha aprobado. En esencia, tanto la orden como el proyecto establecen un esquema bajo el que los dueños de las casetas y muelles que ubican en La Parguera ofrecen ellos mismos la información de la ubicación, cabida y característica de la propiedad. Eso sería la base de un registro para comenzar a cobrarles cánones anuales y para “resolver la incertidumbre jurídica”, pero sobre esas propiedades no hay incertidumbre, son ilegales y se mantienen solo por inacción de los gobiernos local y federal.

El 4 de agosto pasado, el Departamento de Justicia anunció que no recomendaba a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente designar un fiscal contra Quiles Pérez porque su investigación preliminar había arrojado que en el trámite de la orden no ocurrió intervención indebida, incumplimiento del deber, negligencia, perjurio o violaciones a la Ley de Ética. Para esa pesquisa, no fue citado Quiles Pérez, pero sí Rodríguez Vega, quien dijo a través de su abogado que, al dejar el cargo a fines de 2024 no tenía ninguna orden u opinión legal pendiente de firmar sobre La Parguera.