El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) notificó a los hogares de cuido prolongado la intención de establecer tarifas fijas para regular la cantidad que cobran por el servicio a la población de edad avanzada, una movida que coincide con la solicitud de recortes en el Gobierno.

Los dueños de hogares de cuido de personas de edad avanzada, quienes el miércoles protestaron por los dos meses de pago atrasado del Departamento de la Familia, han advertido del efecto negativo que pudiera tener el establecimiento de una tarifa única, debido a la diversidad de condiciones físicas y de salud de la población a la que atienden.

‘No podemos operar como si se tratara de un paquete de arroz … Nosotros funcionamos a base de las condiciones de salud que ellos tengan’, protestó la geróntologa, Tamara Pérez, fundadora de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO).

El Secretario, Nery Adamés, rechazó lo que llamó ‘teorías de conspiración’ acerca de un plan para reducir gastos del Gobierno o para aliviar la carga económica que representa el cuidado de 3,734 adultos mayores bajo la atención del Departamento de Familia.

‘No es un asunto discrecional, sino un mandato de Ley’, indicó acerca de la Ley 69 del 11 de julio de 1988, que fue una de las primeras peticiones que recibió de la senadora Rossana López, exprocuradora de las personas de edad avanzada.

La Ley surgió debido a la observación demográfica del crecimiento de la población de edad avanzada, y ante las supuestas quejas de los familiares de los viejos de los costos altos de los centros, ‘que no guardaban relación con los servicios y la calidad de los servicios’.

Adames no descartó que se establezca más de una tarifa o variaciones conforme al servicio que se presta.

En la misiva del 1 de junio, solicitó a los centros copia de sus planillas y estados financieros. Tendrán un término extendido de 25 días con la amenaza de multas a quienes no cumplan con el requerimiento.