Dos gremios periodísticos condenaron el miercoles la orden emitida por el juez federal, Gustavo A. Gelpí, por considerarla un acto de censura al limitar la interacción de los medios de comunicación con el asesor tecnico de cumplimiento de la Policía, el recien designado excoronel Arnaldo Claudio. Sin embargo, el secretario de Justicia, Cesar Miranda, discernió de esta postura al establecer que la restricción protege el interes público.

Miranda defendió la medida al indicar que la restricción de las expresiones públicas del monitor federal de la Policía es típica de los acuerdos por consentimiento, yocurre a diario en todas las jurisdicciones federales para no revelar información privilegiada que es objeto de prueba en el Tribunal.

Cualquier irregularidad que Claudioencuentre en su investigación sobre la Policía de Puerto Rico, como parte del acuerdo de cumplimiento con la reforma policial, debe ser entregada en un sobre sellado ante el Tribunal para que pueda ser debatida entre las partes. ‘Hay que ver esto como lo que es: esto es un pleito. Hay ciertas disposiciones que no se pueden dilucidar hasta tanto no sean resueltas. La Policía tiene derecho a defenderse’, expresó el Secretario. Entonces agregó: ‘no lo puedo ver como una mordaza. Es parte de una política sana de proteger el interés público de que no se transmita información incorrecta’.

Los gremios periodísticos consideraron, sin embargo, la medida como una acción sin precedentes que resulta en perjuicio de la libertad de la prensa y el escrutinio público. El presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro),Rafael Lenín López, exigió al Gobierno que le solicite al Tribunal que revoque la instrucción donde Gelpí concede una única ‘ventana’ de 30 días para realizarle entrevistas al monitor, así como que se le envíen las preguntas por adelantado. ‘Es absurdo que un Tribunal llamado a velar por los derechos ciudadanos tome una medida cuyo efecto es prohibirle al país un escrutinio absoluto sobre un oficial público’, reaccionó Lenín.

El periodista indicó que las condiciones impuestas en el acuerdo federal levantan suspicacia sobre el trabajo que realizará el monitor federal pues no se limitan exclusivamente a proteger los detalles de la investigación. ‘Está obligado a explicar sus funciones y contestar todas las preguntas para que haya una constancia pública de que se está realizando el trabajo para el que se le ha contratado’, detalló.

Mientras, el presidente del Overseas Press Club,Héctor Pérez, indicó que estará emitiendo un comunicado para exigirle al Juez que explique las razones que le llevaron a emitir esa orden. ‘Me parece que es algo sin precedentes que un juez sirva como un relacionista público. No se puede condicionar la prensa a lo que se le debe preguntar. La prensa no es entretenimiento, ni propaganda política. Nosotros hacemos las preguntas que el pueblo quiere saber. Tenemos derecho a preguntarle en cualquier momento’, expuso Pérez.

Las restricciones a las expresiones del Asesor de Cumplimiento Técnicoestaban estipuladas de antemano en la sección 256 del acuerdo por consentimiento firmado durante el año pasado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, y el Departamento de Justicia Federal.