Manuel Ernesto Rivera*/Los líderes del gubernamental Partido Nuevo Progresista alegan que hay que limitar el derecho a la fianza para combatir el crimen y nada está más lejos de la verdad.

En el sistema judicial estadounidense, nación a la que esos líderes quieren unirse, la fianza es un privilegio, no un derecho. Y lo cierto es que los delincuentes en la Isla no han dejado de cometer ofensas federales aún sabiendo que en ese aparato judicial no se concede la fianza a todos los imputados.

Es disuasivo entonces limitar el derecho constitucional? La respuesta es sencilla: no

El gobernador Luis Fortuño ha dicho que lo que busca su enmienda a la Constitución de Puerto Rico es dar a los jueces del sistema local las mismas herramientas que tienen los jueces federales para enviar a la prisión a las personas imputadas de delito a las que todavía no se les ha probado su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

En cada conferencia de prensa que comparece la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, dice que los imputados son inocentes hasta que el estado le pruebe lo contrario, pero aún así en el sistema de justicia estadounidense meten al calabozo a personas como Jordan Ayala, conocido como ‘Menor’, quien estuvo preso varios días sin haber participado en el asesinato y carjacking del joven Stefano Steenbakkers. El caso de ‘Menor’ demuestra que el sistema federal, al igual que el puertorriqueño, no es infalible a las injusticias.

En el foro local, todos recuerdan el caso del joven de La Perla, Jonathan Román Rivera, acusado injustamente y quien estuvo encarcelado en 2007 por un crimen que no cometió: el del empresario canadiense Adam Anghan.

En ese entonces, la fiscal federal salió en defensa de Román Rivera y señaló que era inocente y que había que excarcelarlo.

Rodríguez compareció ante la prensa para anunciar que la autora intelectual de ese crimen era la viuda, Áurea Vázquez Rijos, quien todavía permanece en Italia fugitiva de las autoridades federales. Vázquez Rijos es buscada por ofrecer tres millones de dólares para asesinar a su entonces esposo, quien fue asesinado la noche del 22 de septiembre de 2005 en un cruce de calles del viejo San Juan.

La fiscal Rodríguez indicó que la evidencia recopilada por las autoridades apunta a que el joven Román Rivera, sentenciado en diciembre de 2007 a 105 años de prisión por el asesinato, es ‘inocente’ y ‘ha sido injustamente encarcelado’.

El gobierno local ha tenido casos como el de Román Rivera y por décadas, desde la invasión de los norteamericanos a la isla en el 1898, ha criminalizado la disidencia.

Esas injusticias no se pueden tolerar por más agobiante que sea la ola criminal.

Fortuño quiere resolver con la fianza la incompetencia de los funcionarios de su gobierno en la Policía y el Departamento de Justicia para poder probar sus casos en los tribunales más allá de toda duda razonable.

Los políticos son pasajeros, la Constitución es permanente. No entregues tus derechos individuales a nadie. No te dejes engañar: vota No y No.

*El autor es periodista.