Desconexión entre actos políticos y la realidad.

En su segundo año de gestión ejecutiva, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha demostrado más interes en ejecutar sus propuestas a cualquier costo, que en simpatizar con los ciudadanos de un Puerto Rico que ven al gobierno más que nunca cómo un ente que sirve sus propios intereses con el dinero del pueblo.

Beneficios laborales, Reforma Contributiva, Departamento de Educación, Policía, Autoridad de Energía Electrica (AEE) y una vulnerabilidad permanente y alargada despues del huracán María son los eventos que han marcado tan sólo las últimas semanas.

El efecto de esta conducta ha resultado en una administración de gobierno que constantemente plantea una realidad muy distinta a la que viven aquellos con total desinteres en el día a día político. Lo cierto es que ese sector de la sociedad – aunque ajeno al quehacer noticioso – no pasa por alto anuncios de jefes de gobierno que devengarán salarios astronómicos, y son más que capaces en cuestionar cómo un gobierno que alega estar en crisis económica puede dar ese lujo a su personal de confianza.

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher; el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera; la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, el director del ‘Destination Marketing Organization’, Brad Dean; y ahora el nuevo director ejecutivo de la AEE, Walter Higgins III, han sido objeto de críticas no solo por la oposición política, sino por el ciudadano común, rico o pobre, que lo percibe hoy como en su momento se percibió la contratación de Lisa Donahue por más de $40 millones durante la administración de Alejandro García Padilla, o los más de 60 asesores de Luis Fortuño que cobraban más de $70,000 al año

Por parte de la administración, la justificación de estos sueldos ha consistido en destacar la experiencia y peritaje de los designados jefes de agencia, a pesar que los hechos no necesariamente validan los argumentos.

Más allá de reformas educativas, tras el huracán hay escuelas (lejanas al área metropolitana) que siguen ofreciendo clase hasta el mediodía por falta de energía; La incidencia criminal se ha disparado en casi todos los renglones; la Junta ha fallado en ser transparente; algunos hoteles siguen cerrados y los puertorriqueños de la montaña aún no cuentan con servicio desde el 20 de septiembre.

Una segunda reforma laboral fue lanzada como una propuesta para aumentar el empleo en 20%, eliminando la Ley de Despido Injustificado y reemplazando el bono de Navidad con un credito contributivo. Rosselló Nevares razonó que en la medida que se eliminen estos ‘obstáculos’, más atractiva sería la Isla a compañías que deseen establecerse y que generen empleos.

Más allá de una falta de empleo, lo que se puede percibir en la calle es más bien una falta de empleos bien remunerados y con beneficios. Entre la ciudadanía se toma por hecho que el remedio a este dilema es la emigración hacía los Estados Unidos, que según el Instituto de Estadísticas más de 180,000 personas abandonaron la Isla en octubre.

Sobre el Instituto de Estadísticas – un ente apolítico y productivo – cabe resaltar que ha sido antagonizado por la administración de gobierno, alegando deficiente rendimiento de data. De parte del principal ente gubernamental que produce estadísticas, la Junta de Planificación, aun no se ha publicado informe alguno sobre la emigración post María.

Los daños de ese poderoso huracán han resultado ser el obstáculo más trascendental para la administración de Rosselló Nevares, quien ha emprendido en un intenso cabildeo en el gobierno federal para el desembolso de fondos necesarios para la recuperación. Pidiendo inicialmente casi $100,000 millones durante una vista congresional, el presidente Donald J. Trump ha optado en vez por otorgar casi $5,000 millones mediante un prestamo CDL (Community Disaster Loan), desembolso codiciado por el gobernador.

Con la visita del secretario del Tesoro federal, Steven Mnuchin, se espera que el desembolso finalmente ocurra, aunque será la mitad.

En su relación con la Junta y la confección de los planes fiscales, el gobierno tampoco ha logrado obtener la certificación que ese cuerpo debe conferir por virtud de la ley PROMESA. No obstante, su contenido ha permanecido fuera del alcance de la prensa, bajo el argumento de ser un documento de trabajo.

En el caso del gobierno central, la Junta señaló deficiencias en las proyecciones del fondo general, gastos y reservas de emergencia, aunque tambien mencionaron medidas como una reforma laboral y contributiva, que ya el Gobernador anunció.

Los planes fiscales de la AEE y la AEE contemplan alzas tarifarias, que en el caso de la AAA ya entraron en vigor. Mientras la UPR propuso un aumento al costo del credito y una consolidación de recintos que conllevará variaciones en la oferta academica de las 11 unidades, consolidadas en 5 conglomerados.

Mientras todo esto sucede, la Legislatura se alista para evaluar una serie de reformas que seguramente alterarán las vidas de aquellos ciudadanos que no están al tanto con las acciones de sus gobernantes. Su empleo, sus contribuciones, sus costos de energía – y sin tiempo ni dinero para descansar y disfrutar de las ofertas disponibles en la Isla del Encanto.

No empero, quien sí tendrá el tiempo y el dinero para descansar y disfrutar será el personal de la Legislatura – tanto los funcionarios, como los empleados y los contratistas. A partir del jueves, recesarán labores el lunes 2 de abril, una semana y media en la que no celebrarán vistas públicas, ni habrá sesión.

Así las cosas, no debería caber duda alguna que el entonces candidato Ricardo Rosselló Nevares en efecto tenía un plan, elaborado por un equipo cercano que frecuentaba usar la aplicación de mensajería Whatsapp para coordinar y conspirar.

Si en algo se puede dudar, es si ese plan en efecto fue para Puerto Rico, o para su equipo y sus correligionarios.