Múltiples organizaciones denunciaron lo que catalogaron como ‘maltrato’ hacia más de 150,000 sordos en Puerto Rico por parte del Gobierno, las campañas políticas y los candidatos, a la vez que convocaron una marcha para este próximo sábado en la que exigirán, una vez más, compromiso de los candidatos a la gobernación de respetar sus derechos civiles de cara a las elecciones generales en noviembre.

Con la marcha titulada’Oye mis manos, comunícate’, a celebrarse el sábado, 24 de septiembre, esperan crear conciencia sobre las necesidades de esta comunidad por decimoquinta ocasión. La marcha quedó convocada a las 10:00 a.m., saliendo del Estadio Hiram Bithorn en San Juan hasta las facilidades del Colegio San Gabriel en Puerto Nuevo.

El Colegio San Gabriel y Servicios Orientados al Sordo, igual que otras entidades que ofrecen servicios a esta población, exigieron a todos los candidatos políticos que consideren al sordo en todas sus alocuciones públicas en lo que queda de campaña. Igualmente, criticaron la carencia de intérpretes no solo en los debates, sino también en los anuncios de los partidos políticos y candidatos, para que los sordos puedan votar de manera informada.

‘Exigimos accesibilidad real para esta comunidad. No están considerando a una población que supera las 150,000 personas, que en su mayoría votan, trabajan y pagan contribuciones, pero que consistentemente reciben un trato desigual por la insensibilidad y el discrimen que se mantiene’, denunció José Bertrán, presidente de la organización Servicios Orientados al Sordo (SOS).

Por su parte Dra. Izaskun Capataz Colás, directora del Colegio San Gabriel que atiende a esta población, destacó que la marcha y las actividades planificadas para la Semana de la Comunidad Sorda, buscan crear conciencia. ‘Queremos concienciar, no solo sobre las necesidades de esta comunidad sino también sobre los aportes significativos que hacen los Sordos a la sociedad puertorriqueña’, expresó.

Durante la rueda de prensa celebrada hoy, martes, emplazaron a los candidatos a que se comprometan e incluyan en sus programas de gobierno la creación de un ‘Deaf Service Center’ o ‘Centro de Servicios para Sordos’, entidad que nunca a ha existido en Puerto Rico. Este centro serviría para promover y canalizar servicios a esta población que sistemáticamente es ignaorada.

Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, hasta el año 2013, en Puerto Rico había sobre 150,000 personas con dificultad auditiva, de los cuales más de la mitad son sordos. Además, un 84.6% de los hombres y un 53.7% de las mujeres sordas o con dificultad auditiva está fuera de la fuerza laboral o subempleada.

Los eventos del sábado 24 de septiembre incluyen un acto protocolario en el que funcionarios establecen la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2016 como la Semana de la Comunidad Sorda puertorriqueña. Al finalizar la marcha, se llevará a cabo una feria de salud y una feria informativa para la comunidad, actividades que muchas veces son las únicas oportunidades que tienen los sordos de ser atendidos con respeto por médicos y profesionales de la salud.

Música, la pintura de un mural conmemorativo en vivo, entretenimiento y comida para los participantes mesas con muestras de productos de pequeños negocios que han desarrollado sordos en Puerto Rico forman parte de este evento.

A continuación, los reclamos específicos presentados en conferencia de prensa:

No hay acceso a la salud: No hay intérpretes para los servicios médicos de P.R., a pesar de que la ley lo exige a los hospitales y médicos. Solo un plan médico lo hace (MCS).

No hay acceso legal: No hay recursos legales ni los tribunales están preparados para contratar a las personas sordas. Se le violan los derechos a la mayoría de los sordos.

Discrimen en la educación: La inclusión para el sordo no existe porque se les niega el derecho a recibir la educación que realmente necesitan. Además no tienen intérpretes. En las escuelas tienen gente con cursos básicos con el título de asistente de comunicación no es intérprete. Los estudiantes sordos necesitan modelos lingüísticos que las escuelas públicas no tienen.

El gobierno viola leyes federales: Leyes como la Sección 504 de la ley de rehabilitación del 1973 exige que se le de accesibilidad a los sordos en todas las agencias que reciban fondos federales. Un intérprete cualificado o subtitulación. NO hay ni intérpretes en los comerciales de prevención, por ejemplo, del Zika.

Falta de acceso en los medios: No se usan intérpretes ni subtitulos. Solo WIPR. Esto limita el acceso a la información a los sordos y se les discrimina.