Según múltiples fuentes de NotiCel, la esposa de José Miguel Huertas formaba parte de la Comisión de Donativos Legislativos, era la encargada de corroborar la realización de las obras, cobraba de la iglesia y también formaba parte de varias corporaciones de su esposo.

José Miguel Huertas Torres, el consultor del exrepresentante Antonio “Tony” Soto Torres que aprobó la asignación de más de $1.2 millones para las obras de canalización de la Quebrada Margarita, y que nunca se realizó, era además consultor de la Autoridad de Tierras y gran proveedor de empleo para múltiples miembros de su familia, incluyendo a su actual esposa, también multiconsultora.

De acuerdo a informes recibidos en NotiCel por al menos dos vías, tanto la hermana del excontratista, como la madre, estuvieron en la nómina del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc., durante la aprobación y desembolso de dinero a lo que realmente es una iglesia en Naranjito, sin experiencia o historial de trabajo alguno en infraestructura.

Una tercera fuente de este diario digital apuntó a que además de la madre y la hermana, Huertas Torres logró ubicar a su actual esposa, de nombre Wilmarie Rosado Torres, en la nómina de la misma entidad. Rosado Torres, como su esposo, tenía múltiples sombreros, todos conectados: era consultora de la Comisión de Donativos Legislativos, era la encargada de certificar las obras en el terreno, estaba en nómina de la iglesia, y a su vez formaba parte de las corporaciones de su esposo como funcionaria de récord.

Todas estas circunstancias de la esposa se unieron en un mismo período: el multiconsultor asesoraba por servicios profesionales al representante Soto Torres, mientras que también por servicios profesionales fungía como técnico de la Autoridad de Tierras, encargado de la aprobación de donativos legislativos- o en favor de legisladores- asignado a la región de Bayamón a la que pertenecía Soto en virtud de su representación del distrito 6. A su vez, Huertas asesoraba al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc, a la que le otorgaba dinero desde sus posiciones gubernamentales, le representaba en su proceso de quiebra que le evitaría devolver los $1.2 millones que habían recibido como donativo, y a su vez, empleaba a tres familiares directos.

Soto Torres y Huertas Torres fueron incluidos la semana pasada en la investigación sobre el Fondo de Mejoras -barrilito- antes trabajado directamente desde la Legislatura, y en virtud de una legislación reciente, mediante un esquema a través de la Autoridad de Tierras, agencia que de acuerdo al propio jefe del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no tenía el expertise para hacer ese trabajo y por lo cual en múltiples ocasiones levantó bandera durante la pasada administración de Pedro Pierluisi, en la que fueron destituidos Dorally Rivera, Astrid Rivera y Miguel Santiago, todos investigados desde el cuatrienio pasado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Antes de irse del gobierno, incluso, González Beiró reiteró su inconformidad con la facultad otorgada a la Autoridad de Tierras, con cero reacción de los comités de transición. Dijo que la agencia tenía una función que no era responder peticiones de políticos, entre los que mencionó, incluso tener que hacer subastas de pavos para repartir en Acción de Gracias.

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